Las portavoces del PP, Mari Carmen de España, y de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, han firmado una declaración institucional conjunta para ser debatida en el próximo pleno por la que se insta a la Generalitat a que resuelva de manera urgente los 1.140 expedientes que, aseguran, tiene bloqueados correspondientes a las ayudas pendientes destinadas a la renta valenciana de inclusión.
La conselleria "debe resolver sobre la concesión de la renta de garantía, en un plazo máximo de tres meses desde la entrada de la solicitud de un informe - propuesta, de lo contrario la solicitud se estima como “silencio administrativo”". En la declaración institucional conjunta Sánchez y De España solicitan a la Generalitat que proceda a abonar el millar de ayudas a las personas que les hayan sido concedidas en Alicante y cumpla con el plazo de resolución y pago en tres meses.
En la misma declaración institucional se recalca que las familias alicantinas que solicitaron esta ayuda lo hacen para superar su difícil situación económica y que con las demoras en su aprobación se incrementa la situación de vulnerabilidad de personas en riesgo de exclusión social.
Desde que la Generalitat derivó a los ayuntamientos, en abril de 2018, la gestión administrativa de dichos expedientes, el consistorio alicantino ha tramitado 3.477 solicitudes, entrevistando a los demandantes y elaborando los correspondientes informes, que fueron remitidos a la Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas.
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