La Plataforma de Afectados por el Caos en la Renta Valenciana de Inclusión exige a la Conselleria de Igualdad que aplique el silencio administrativo para que las personas que están esperando cobrar esta ayuda puedan hacerlo cuanto antes. La plataforma denuncia que en estos momentos hay demoras que se acercan a los 15 meses en el cobro de esta ayuda de subsistencia.

"La ley dice que a los seis meses la renta tiene que estar tramitada, lo que no se está cumpliendo. Le hemos solicitado que entonces se aplique la concesión por silencio administrativo para que de esta forma las personas puedan empezar a cobrar, pero nos dicen que es imposible por cuestiones técnicas", lamenta Fernando Patón, portavoz de la plataforma.

Medio centenar de personas han protestado esta mañana en la plaza del Ayuntamiento por los retrasos que está acumulando esta norma, lo que está llevando a la desesperación a centenares de personas sólo en la ciudad de Alicante.

Es el caso de Verónica Eliana Salinas, quien vive en un a casa ocupada, con su marido, sus dos hijos y su suegro. En casa no entra ningún tipo de ayuda. "Vivimos de Cáritas y de lo que nos dan otras asociaciones porque yo tengo fibromialgia y no puedo trabajar y mi marido un enfisema pulmonar". Este mes hará un año que solicitó cobrar la renta valenciana de inclusión, pero aún no ha recibido respuesta.

Desde octubre de 2018 lleva Lourdes Heredia esperando las ayudas de la ley. "Me han pedido tres veces los mismos papeles y no hacen más que marearme". Un amigo le ha dado cobijo en su casa, "pero no puedo estar allí siempre" y subsiste gracias al dinero que de vez en cuando le dan a amigos.

Para la Plataforma de Afectados por el Caos en la Renta Valenciana de Inclusión una solución a este atasco sería que la renta se tramitara a través de oficinas comarcales de la Generalitat o de las oficinas de Labora. "Es un error hacerlo desde los servicios sociales de los ayuntamientos, puesto que están para otras cosas", señala Fernando Patón.

La plataforma también denuncia el caos que en especial se da en la ciudad de Alicante y sostienen que las cifras que ellos manejan difieren de las que da el Ayuntamiento, que sostiene que hay cerca de 1.200 expedientes por tramitar. "Hace un par de meses nosotros calculamos que había unos 5.000 expedientes bloqueados. Sólo en el centro social número 4 había 800". Patón sostiene que estos retrasos afectan sobre todo a la ciudad de Alicante, "lo que nos hace pensar que es una cuestión política, ya que Ayuntamiento y Generalitat están gobernadas por distintos colores políticos"

La plataforma también critica el despido de 67 trabajadores sociales por parte del Ayuntamiento de Alicante, "cuando sabe que la Generalitat tiene consignado el dinero para su contratación".

Fernando Patón ha señalado que los últimos miércoles de cada mes trasladarán su punto de información que habitualmente está en el barrio de Carolinas Bajas a otros puntos de la ciudad para conocer las distintas problemáticas que hay en los barrios.