«La decisión fue legal y con causa». Éste es el principal argumento esgrimido por el exalcalde socialista Gabriel Echávarri en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra la sentencia por el despido de Catalina Rodríguez, funcionaria del Ayuntamiento de Alicante, que a su vez es la cuñada del entonces portavoz del PP y hoy alcalde, Luis Barcala. El exdirigente socialista reclama en su recurso al TSJ que se revoque la sentencia de la Audiencia Provincial, que le condenó a nueve años de inhabilitación para cargo público, que se suman a los doce años por el fraccionamiento de contratos (esta sentencia la prevé recurrir en breve ante el Tribunal Supremo).

En el recurso presentado ayer, el socialista sostiene que hay «ausencia del tipo objetivo», es decir, que los hechos por los que se le condena por prevaricación administrativa «no son constitutivos de delito». Según el recurso, se trata «de condenar penalmente por un delito de prevaricación a quien adopta una decisión legal y con causa». El escrito de Echávarri señala además que la «irregular adscripción de Catalina Rodríguez a otro servicio constituyó la causa de cese» y niega una «motivación espúrea», como así recogía la sentencia al hablar de «venganza» de Echávarri en respuesta a la denuncia que presentó Barcala en Fiscalía por el entonces presunto fraccionamiento de contratos, que desembocó en el «caso Comercio».

Según la sentencia conocida a principios de febrero, el despido de la cuñada de Barcala «tenía la finalidad no ya de perjudicar a la interina, única cesada entre cientos de interinos, sino que constituía un acto de venganza contra el entonces portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Luis Barcala, quien ese mismo día había interpuesto una denuncia contra el hoy acusado por un presunto delito de prevaricación, hecho este plenamente conocido por Echávarri». Además, la sentencia añadía que con el despido «no solo se omitieron trámites esenciales del procedimiento sino que la ilegalidad de la resolución es palmaria, y no puede explicarse mediante una argumentación técnico-jurídica medianamente razonable».

El recurso de Echávarri, al hilo de ese extracto de la sentencia, insiste en que la funcionaria despedida se encontraba «sin cargo a plaza» y que, por tanto, «no existían 300 interinos en la misma situación», sino cuatro más.