La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Internacional para la Protección de los Animales Raúl Mérida (FIPARM) para llevar a cabo durante los próximos cuatro años el taller «Club amigo de los animales», un programa de intervención con los reclusos que ya se ha experimentado en las prisiones de Fontcalent y Picassent con el fin de conocer la aceptación entre los presos.

Este proyecto de ámbito nacional impulsado desde Alicante está enfocado fundamentalmente al maltrato a los animales y se trata de charlas que impartirán miembros de la FIPARM, presidida por Raúl Mérida.

El responsable de FIPARM, que firmó recientemente el convenio junto con el el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha explicado a este diario que en estos talleres contra el maltrato expondrán a los internos vídeos y presentaciones sobre situaciones con todo tipo de animales, tanto de compañía como salvajes. Expondrán casos de maltrato o rescates y, a continuación, se abrirá un debate en el que participarán los internos para explicar su visión.

Raúl Mérida señala sobre el programa de FIPARM que hay estudios que revelan que existen muchas personas recluidas en prisión por haber cometido delitos graves y que han tenido episodios de maltrato animal. Igualmente, «cada vez empieza a haber personas que también ingresan en la cárcel por maltrato animal».

A través de estos talleres, abiertos a la totalidad de reclusos, se pretende que tomen conciencia del sufrimiento que han padecido diferentes animales en situaciones de maltrato y que «se pongan en el lugar del animal». Raúl Mérida, que ya ha impartido algunas charlas en Fontcalent y Picassent en la experiencia piloto previa a la firma del convenio con Instituciones Penitenciarias, asegura que ha habido internos que «te cuentan casos en los que han maltratado animales y, sin embargo, no eran conscientes de ello».

La experiencia piloto ha confirmado que hay una gran aceptación por parte de los presos. «Los resultados han sido increíbles y los internos se han volcado mucho en las charlas y han participado con gran interés y muy activamente», explica Mérida, quien añade que es «reconfortante» la reacción de los internos ante el programa.

A diferencia de otros proyectos pasados en los que se han llevado a cabo con los presos terapias con animales, el taller que impartirá la FIPARM «no contempla llevar animales a los centros penitenciarios», según el promotor de este novedoso taller.

Personal de la FIPARM impartirá las charlas y los internos que se inscriban en el taller celebrarán luego reuniones todas las semanas para debatir sobre los asuntos tratados y realizar las actividades relacionadas con animales que les encarguen. Una vez al mes, los monitores de la Fundación Internacional para la Protección de los Animales Raúl Mérida acudirán a las prisiones para analizar con los internos la marcha del taller y los trabajos realizados.

Raúl Mérida señala que se trata de «trabajar con el preso desde el punto de vista psicológico, educativo, de concienciación». El presidente de FIPARM está formando ahora al personal que dará las charlas junto con él y su objetivo es que una vez concluya el taller «cada interno se convierta en un monitor y explique al resto de presos lo que hemos analizado sobre el maltrato animal».

De acuerdo a las previsiones del presidente de la FIPARM, el objetivo es realizar el primero de los talleres en una prisión de Madrid. Posteriormente, está previsto impartir las charlas en Sevilla y Bilbao, entre otros centros. Para el futuro, Raúl Mérida planea llevar a los talleres en las prisiones a personas famosas para que expongan su visión y experiencia con los animales a los internos.

El convenio entre Instituciones Penitenciarias y la FIPARM tiene una duración de cuatro años, aunque se puede prorrogar. No contempla coste alguno para ninguna de las partes y en el mismo se recuerda que la Constitución Española establece «como fin primordial de las penas y medidas penales privativas de libertad la reeducación y reinserción social», mientras que la Ley General Penitenciaria señala que «para conseguir dicho objetivo deben desarrollarse programas socioculturales, educativos, formativos y asistenciales».