Primera baja, y significativa, en la Mesa Provincial del Agua de la Diputación en plena polémica por el bloqueo del Júcar-Vinalopó. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Manuel Alcalde, ha remitido una carta la vicepresidenta de la Diputación y responsable de la política hídrica, Ana Serna, en que la que le comunica que debido a una supuesta cuestión jurídica - competencias en todas las provincias de la demarcación hidrográfica del Júcar- ha declinado integrarse en la mesa en la que se debaten los problemas del agua en Alicante.
La decisión se produce 23 años después que la Mesa echara andar en 1997 impulsada por el entonces presidente de la Diputación Antonio Fernández Valenzuela. Durante todo estos años, con mayor o menor actividad, la Confederación ha tomado parte de foro en el que se sientan políticos y técnicos y en el que ahora se van a presentar alegaciones a los planes de cuenca del Júcar, Segura y Tajo, tres ríos clave para la provincia.
Al fondo, aunque en la misiva remitida por Manuel Alcalde no se hace ninguna referencia al contencioso que mantiene abierto la CHJ con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó a los que desde hace dos años exige el pago de 70 millones de euros por las obras del trasvase para activar la llegada del agua.
El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha reaccionado entre y sorprendido y estupefacto tras recibir la carta. «Me ha dejado atónito, y no ya porque la Confederación del Júcar decida desmarcarse 23 años después, sino porque me parece que muestra un nuevo desprecio con la provincia de Alicante y, además, comete un error porque pierde la oportunidad de sentarse en una mesa donde se van a preparar, entre otras cuestiones, las alegaciones al Plan de Cuenca del Júcar. No lo entiendo».
Según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar en su misiva, «no resulta procedente la incorporación de esta Confederación a una comisión que busca aunar esfuerzos y posiciones en defensa de intereses muy específicos y posiciones de una provincia determinada, independientemente del carácter laudable de los mismos, aunque quiero hacer hincapié en la voluntad de mantener una relación contínua y eficaz».
«No doy crédito al desprecio y al ninguneo. Está claro que en el Ministerio y en la Confederación no hay ningún interés por solucionar el problema del agua en Alicante. Me parece una contradicción, además, cuando en año pasado en la Diputación se suscribió un Pacto Provincial por el Agua. La carta no es más que un brindis al sol», subraya Carlos Mazón.
El presidente de la Diputación asevera, por otro lado, que «sería muy grave que la Confederación se quite de en medio por el bloqueo que sufre el Júcar-Vinalopó, que parece que quieren que se muera por olvido. Primero cambiando la toma del agua, después echando por decreto a la Junta Central de la gestión, y por último reclamando 70 millones de euros a los regantes para darles agua. Estoy atónito».
Primero fue la incorporación de la desaladora de Mutxamel y desde octubre de 2017 el Ministerio exige a la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó que el convenio de explotación del trasvase (seis años funcionó en precario con acuerdos provisionales) tiene que incluir el pago, a cargo de agricultores y ayuntamientos, de 70 millones de euros del coste de las obras, tal como se firmó en 2001 en el convenio para la ejecución del trasvase.
Un convenio que saltó por los aires de forma unilateral en 2005 con el cambio de toma decidido por el entonces Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona y la expulsión de la Junta Central como usuaria del agua, pasando la titularidad a la Confederación del Júcar. El pago de la amortización de las obras representaría duplicar el precio del agua hasta los 0,53 euros el metro cúbico para una cantidad de 20 hm?3; al año, que es lo que se negocia. Un precio superior al que se paga por el agua desalada y cuatro veces más alto que el caudal que llega del Tajo-Segura.