El Gobierno no tiene previsto aplicar a corto plazo ninguna medida fiscal especial con vistas a asegurar la viabilidad de las farmacias rurales. Así lo ha manifestado, de manera implícita, en la respuesta parlamentaria que ha dado al senador de Compromís Carles Mulet, quien había planteado una pregunta en este sentido y que este mismo sábado ha dado a conocer la contestación del Ejecutivo.
Mulet preguntó al Gobierno el pasado mes de diciembre "qué medidas piensa adoptar el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, para que las farmacias de viabilidad económica comprometida (VEC) o de baja facturación obtengan una bonificación de la cuota mensual de autónomo o quedar eximido en su totalidad dependiendo de la facturación", entre otros aspectos relacionados con el día a día de la farmacia rural y de las dificultades que existen a día de hoy para su supervivencia. La situación es especialmente complicada para las boticas consideradas VEC, que facturan menos de 200.000 euros anuales. En la provincia de Alicante hay 16 oficinas de este tipo, y 78 en toda la Comunidad Valenciana, mientras que en el conjunto de España son 880.
En su respuesta, el Ejecutivo no dice en ningún momento que no se plantee en ningún el establecimiento de alguna medida fiscal excepcional para las farmacias rurales, pero deja claro que a corto plazo no tiene previsto hacer nada en este sentido. El Gobierno recuerda que "cualquier iniciativa tendente a establecer nuevos supuestos de reducciones o bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social en favor de los trabajadores autónomos implicará la modificación expresa de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo". Asimismo, señala que "la posibilidad de que la cotización de los trabajadores autónomos pudiese estar modulada en función de los ingresos derivados de su actividad era una de las cuestiones que se estaban analizando en la anterior legislatura en la Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos". Sin embargo, con la disolución de las Cortes han "caducado los estudios y trámites realizados", "sin que se haya constituido hasta el momento ninguna Comisión ni Subcomisión o Ponencia en la presente legislatura".
Así pues, se cierra la puerta a cualquier reforma de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos -y, por ende, de los farmacéuticos rurales- al menos en tanto no se constituya el órgano correspondiente en las Cortes, algo que a tenor de la respuesta no parece estar previsto a corto plazo. Por su parte, la aprobación de bonificaciones o reducciones queda sujeta a una modificación legal que hoy por hoy no está ni siquiera en marcha y que, en todo caso, se dilataría en el tiempo.
Ante esta respuesta, el senador Carles Mulet ha lamentado que el Gobierno "no haya movido un solo dedo para reconocer las particularidades de las farmacias del mundo rural con un trato fiscal diferenciado", y recuerda que la farmacia rural es un servicio "esencial y, como tal, deberían cuidarla". El parlamentario de Compromís hace hincapié, tal y como han señalado de manera reiterada los propios farmacéuticos en fecha reciente, que "en muchas ocasiones son los únicos sanitarios existentes" en las localidades de menor población.
Mulet critica que la regulación actual "ha creado una bolsa de farmacias tremendamente rentables, las establecidas en grandes núcleos de población, y una red de farmacias rurales absolutamente inviables, a pesar que son las realmente esenciales para la equidad en el acceso al medicamento y la cohesión de nuestro sistema sanitario". En este sentido, defiende que "pelearemos hasta el final el éxito de la moción que reclama medidas compensatorias para las farmacias más desfavorecidas, que ha sido consensuada con la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), por lo que son necesarias medidas urgentes". En el próximo pleno ordinario del Senado, Compromís planteará de nuevo la cuestión para pedir "medidas más ambiciosas para estos trabajadores del mundo rural".
Compromís ha presentado en el Senado una moción que incluye la pregunta sobre incentivos fiscales a la que ha dado ahora respuesta el Gobierno, junto con otras cuestiones para mejorar la situación de la farmacia rural como la actualización de las ayudas que perciben las boticas VEC, que no se revisa desde 2011, la creación de un fondo de compensación estatal para el sector y la implicación de ayuntamientos y diputaciones en la materia. Al mismo tiempo, todos los grupos políticos de las Cortes Valencianas han acordado instar a la Generalitat a considerar las farmacias rurales un servicio esencial para combatir la despoblación y a desarrollar medidas para garantizar su viabilidad. Los farmacéuticos de estas oficinas también han constituido una asociación autonómica para hacer más fuerza ante la delicada situación en la que se encuentran.
