Tras el desalojo de la Ciudad de la Justicia de València tras dos positivos en coronavirus, el sindicato UGT ha presentado dos escritos a los decanos de los juzgados de Alicante y Elche para reclamar el cierre de ambas sedes judiciales durante la crisis sanitaria. Una medida que se viene reclamando desde el inicio del estado de alerta por todas las organizaciones sindicales con representación en el sector de Justicia. Como consecuencia de la crisis en València, todo el personal que estaba realizando servicios mínimos ha sido enviado a casa hasta nueva orden quedando en situación de disponibilidad. Sólo están funcionando los servicios de guardia y decanato. Por este motivo, el delegado de Justicia en Alicante de UGT, Juan Pedro Pelegrín, considera que se debe adoptar la misma medida en las sedes judiciales de la provincia para prevenir nuevos contagios.

Los sindicatos con representación en Justicia, entre los que se encuentran el CSI-CSIF, STAJ, CC OO, Intersindical y UGT, habían emitido antes de la crisis de València un comunicado en el que solicitaban "el cierre inmediato de los todos los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana, a excepción de los servicios de guardia, quedando el resto del personal en situación de disponibilidad y siendo llamados única y exclusivamente en el caso para cubrir los servicios declarados como esenciales en el momento en que se den". Los representantes de los trabajadores han rechazado el plan de servicios mínimos decretado por la Conselleria de Justicia, que consideran desproporcionado. "Consideramos que los servicios mínimos que se establecen en la misma van mucho más allá del mínimo indispensable para dar cobertura a los servicios esenciales declarados por el Ministerio en sus distintas Resoluciones y que tal situación está suponiendo una exposición excesiva e imprudente del personal que sigue prestando sus servicios, cada día, en los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana.", aseguran

El panorama que describen es el de "juzgados con más personal del necesario", que además no pueden trabajar al estar suspendidos los plazos procesales como sucede en la jurisdicción civil en general, "auxilios judiciales que no tienen con quien turnarse" por ser sólo una persona de plantilla y que tienen que exponerse día tras día, sin que sus servicios sean indispensables como sucede con el cuerpo de auxilio de las secciones de las Audiencias Provinciales, en los Juzgados de Violencia sobre la mujer o en otros tantos casos, Juzgados de Paz en los que existen bajas o vacantes sin cubrir.

En el caso de no aceptarse esta propuesta, y de forma subsidiaria, los sindicatos exigen que se adopte un acuerdo de mínimos similar al establecido en la Comunidad Autónoma de Andalucía. "Los servicios esenciales están decretados a nivel estatal y si con los servicios mínimos decretados en esta Comunidad se pueden cubrir, insistimos, supone una grave irresponsabilidad mantener los actuales", aseguran.