Los profesores y maestros de la Comunidad Valenciana, a través de las permanentes de las Juntas de Personal Docente no Universitario de las tres provincias, han aprobado este domingo una resolución de urgencia para solicitar a la Conselleria de Educación el cierre inmediato de todos los centros escolares del territorio autonómico de todos los niveles mientras dure la crisis del Covid-19, salvo que "por cuestiones esenciales relacionadas con la lucha contra la pandemia" sea necesaria su apertura. Una medida que, aseguran, "ya se ha tomado" en otras comunidades autónomas.

Así lo ha anunciado a través de un comunicado el sindicato STEPV, mayoritario en el sector de la enseñanza, aunque la resolución ha sido acordada por todas las organizaciones representadas en las Juntas de Personal de las tres provincias; en Alicante, además de la citada, participan en ella CC OO, CSI-F y ANPE. Profesores y maestros consideran que las instrucciones dictadas por la Conselleria de Educación vulneran el Real Decreto que regula el estado de alarma, y que dice, recuerdan, que "se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza".

Los docentes denuncian, que "por el contrario", en la Comunidad Valenciana hay centros "donde mañana lunes hay convocadas coordinaciones, formaciones y otras actividades educativas presenciales", las cuales "se pueden hacer todas ellas por medios telemáticos". Asimismo, las Juntas de Personal de las tres provincias "no encuentran ninguna justificación pedagógica, sanitaria, ni de cualquier otro tipo que haga necesario el desplazamiento diario de miles de personas". Y auguran que esto puede contribuir "sin duda, a la propagación del virus", y que choca además con que "algunos centros ya han sido desinfectados por los Ayuntamientos".

Las Juntas de Personal han mostrado su "compromiso de colaborar con las administraciones educativas para encontrar soluciones telemáticas y no presenciales", con el objetivo de "hacer llegar toda la información al alumnado más vulnerable". De esta forma "se evitará que la brecha digital genere más diferencias sociales y educativas, y se garantizará el derecho en la educación de nuestro alumnado". También han anunciado que se ponen "a disposición de la administración educativa para todo aquello que haga falta para garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en los centros docentes y el derecho a la salud de toda la población".