Dos juzgados instan a Sanidad a dotar de medios a los profesionales para protegerse de la pandemia

Dos juzgados han instado a la Conselleria de Sanidad a que con carácter urgente provea a todos los centros sanitarios de los medios necesarios para garantizar la seguridad de los profesionales que atienden a pacientes afectados por el coronavirus. La resolución, contra la que cabe recurso, es consecuencia de una demanda presentada por el Sindicato Médico en los juzgados de lo social de Alicante, Valencia y Castellón para pedir como medida cautelarísima que se inste de forma urgente a la Generalitat a dotar del material requerido. Alicante y Valencia ya se han pronunciado para exigir al Consell que dé una respuesta inmediata a la solicitud. Mientras que en València se les da un plazo de 24 horas, en Alicante no se concreta plazo alguno y se insta a solucionar la situación con carácter "urgente". El fallo no es firme y contra él cabe recurso.

Se trata de la primera denuncia en la provincia de Alicante de estas características desde que comenzó la pandemia. La decisión de los dos juzgados es la misma que adoptó ayer otro juzgado de Madrid.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha presentado denuncias en las tres provincias de la Comunidad y en Alicante ha recaído en el juzgado de lo Social número 6, tras presentarse por una vía urgente para provocar un pronunciamiento judicial rápido que no se vea afectada por el parón judicial que hay en marcha debido a la crisis sanitaria. Esta misma mañana al menos dos de los juzgados ya se han pronunciado y falta por conocer qué decisión se ha adoptado en Castellón.

La misma iniciativa se ha llevado a cabo en otras provincias y hasta en el Tribunal Supremo. En la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, se ralata que los profesionales sanitarios están trabajando"con batas permeables, chubasqueros, bolsas de basura, sus propias gafas, gafas de buceo, agudizando su ingenio para protegerse del COVID-19 ante la pasividad de la Administración".

Entre el material que se reclama están batas, equipos de protección individual, mascarillas, gafas de protección y contenedores grandes de residuos, para que los profesionales puedan realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que ellos mismos sufren, así como evitar la propagación de la enfermedad.

El auto del juzgado de lo Social de Alicante asegura que "es evidente que existe la obligación general de suministro, incluso urgente, de Equipos de protección de los trabajadores (EPI) a todos y cada uno de los profesionales sanitarios, así como a cualquier otro profesional implicado en la atención a terceros, para evitar el riesgo de contagio (...) y también es evidente que es prioritario el riesgo expositivo de los profesionales sanitarios, pero dicha obligación está condicionada al estándar de los que sea razonable y factible y a que los procesos estén bajo su control". Por este motivo, la solicitud se admite parcialmente y no se da plazo alguno a Sanidad. En cambio, en el fallo del juzgado de València se da un plazo de 24 horas, aunque se admite que corresponderá ahora a la Conselleria de Sanidad acreditar que ha llevado a cabo las gestiones necesarias para proteger a los trabajadores".

Asimismo, el auto dictado en Alicante asegura que las medidas de prevención pedidas por el Sindicato Médico "se consideran absolutamente necesarias para que los médicos y titulares sanitarios puedan desarrollar sus funciones de atención y cuidado del paciente con unas mínimas condiciones de seguridad, con el fin de evitar el riesgo de ser contagiados o de incrementar el contagio, salvaguardando el derecho también del paciente a ser atendido adecuadamente por personal sanitario, medidas de prevención que se habrán de facilitar por la administración demandada en el menor tiempo posible".

Estas demandas están teniendo distintos recorridos en los tribunales ante los que se han presentado. El Supremo rechazó en Madrid la demanda ayer mismo alegando que no se concretaba contra qué administración iba dirigida la demanda y añadia que "son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacer la falta de material". Distinto recorrido tuvo la demanda presentada en Madrid, donde la magistrada del juzgado de lo Social número 31 daba un plazo de 24 horas a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso para que en 24 horas dotara a los profesionales del material necesario para luchar conta la pandemia.

Información sobre la crisis del coronavirus en la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana:

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