Flexibilidad exigente en la paralización de la actividad económica. Este es el mensaje que ayer trasladó el presidente Ximo Puig en la reunión mantenida por videoconferencia entre las comunidades autónomas y el Gobierno central tras anunciar Pedro Sánchez el sábado por la tarde que prohíbe toda actividad no esencial hasta el 9 de abril para reducir la movilidad y frenar la propagación del virus.

Es la tercera vez que se celebra esta cumbre entre el Ejecutivo de Sánchez y los diferentes presidentes autonómicos desde que estalló la crisis del Covid-19. Sobre la mesa la decisión de Moncloa para endurecer el confinamiento y cerrar gran parte de la industria a cambio de un permiso retribuido que se recuperará de manera paulatina.

Tras la reunión, Puig celebró una comparecencia pública para anunciar la posición de la Generalitat Valenciana en los próximos días. El jefe del Consell trasladó a Sánchez la necesidad de adaptar el confinamiento extremo a las particularidades de cada territorio y que se tenga en cuenta la diversidad productiva de la industria española y en concreto de la valenciana.

El socialista destacó que el real decreto se ha tomado con la mejor voluntad por el Ejecutivo central, pero ha planteado que en su aplicación haya una «flexibilidad exigente», de forma que se tenga en cuenta las características propias de la economía de la Comunidad Valenciana, garantizando por encima de todo la seguridad de los ciudadanos.

Una petición compartida con otros gobiernos autonómicos como el del País Vasco o Galicia. En este sentido el lehendakari Iñigo Urkullu solicitó que las comunidades definieran los servicios mínimos esenciales y lamentó que estos encuentros solo hayan servido para trasladar decisiones ya adoptadas.

En cambio, el Gobierno rechaza la propuesta y ya ha dicho que la paralización de la actividad no se adaptará a las circunstancias de los territorios. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros extraordinario celebrado ayer, la ministra portavoz María Jesús Montero defendió la «fundamental e imprescindible» unidad de acción en el conjunto del Estado para reducir al máximo la movilidad. «No podemos hacer ningún tipo de diferenciación», advirtió Montero. Puig ha apoyado la reducción al máximo de la actividad, de hecho la semana pasada ya dijo que, dentro del marco legal, se acelerara la afectividad del confinamiento. Sin embargo, cree conveniente que la medida se adapte al entorno económico de cada comunidad autónoma.

Dificultad de distintos sectores

El presidente de la Generalitat puso ayer como ejemplo la industria de la cerámica de Castelló, que no puede detenerse de un día a otro, y apuntó que el Consell tiene el convencimiento de que el real decreto incluya las peticiones. Según razonó Puig en su comparecencia, hay muchas empresas en las que no se puede «apretar un botón y pararlo todo», sino que necesitan un proceso que además haga posible que cuando se retome la actividad se esté «en condiciones de hacerlo».

«La línea entre actividades esenciales y no esenciales a veces es muy fina. Por ello he requerido que, desde la exigencia, se actúe con esa flexibilidad», insistió. El jefe del Consell reconoció la complejidad a la hora de establecer estas limitaciones entre los sectores económicos que son esenciales y los que no, pero pidió que «se entienda la casuística de cada sector», pues existen industrias auxiliares o de suministros ligadas a sectores que se han declarado esenciales.

En el caso de la cerámica, por ejemplo, dijo que no se puede dejar de producir «apretando un botón», y además hay equipamientos «muy costosos» que «no paran nunca» y necesitan un «mantenimiento básico» con unos «equipos mínimos», pues de lo contrario en el futuro sería «muy difícil» retomar la actividad.

Para Ximo Puig, una medida dirigida a intentar «minimizar» la actividad económica «no puede acabar siendo una medida que tenga unas consecuencias peores para la ciudadanía», ni conllevar que ninguna actividad sufra «un daño irreversible» o que «el remedio sea peor que la enfermedad».

El Consell reclama un adelanto de 2.200 millones para pagar a empresas

El jefe del Ejecutivo pide a Sánchez que se active ya el FLA extraordinario para dinamizar la economía

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, aprovechó la reunión de ayer con pedro Sánchez para reclamar una serie de medidas económicas ante el riesgo de colapso de la Administración autonómica. Puig solicitó que se active ya el FLA extraordinario, es decir, que se financie el déficit de 2019 a las comunidades, urgentemente, y que adelante 2.200 millones de euros a la Comunidad Valenciana para disponer de liquidez y hacer frente a las deudas con proveedores en un momento de crisis como el actual.

A su juicio las autonomías «no pueden ser un problema, sino parte de la solución», pero, para ello, tienen que poder pagar a sus proveedores, reiteró. «Hablamos de unos 2.200 millones de euros que podríamos poner en circulación gracias a estas medidas», razonó en la rueda de prensa celebrada en el Palau tras la reunión mantenida con el presidente Pedro Sánchez.

Además, Puig explicó durante su comparecencia que ha trasladado al presidente del Gobierno su «apoyo total» a la postura del Ejecutivo estatal respecto al papel que debe asumir la Unión Europea, y reivindicó en este sentido la necesidad de «unidad de acción» con el fin de «cambiar las reglas del juego» y no obtener una respuesta propia «del pasado».

El responsable del Consell solicitó así que la UE reaccione aprobando un Plan Marshall que contemple una «inversión potente» con la que poder afrontar la reconstrucción tras la crisis sanitaria, económica y social a la que aboca la pandemia.

El futuro de Europa, en juego

El jefe del Ejecutivo valenciano indicó, asimismo, que Europa debe «trabajar unida» con todas las instituciones para «garantizar la cohesión social y territorial». «Nos jugamos el futuro de Europa» y también «el de la propia humanidad», es decir, la persistencia de los valores que la aseguran, defendió.

La Generalitat Valenciana reconoce que el contexto actual no es el mejor para poner en marcha la negociación del nuevo sistema de financiación. En cambio, Puig exigió estas medidas al Gobierno central para garantizar la igualdad entre los ciudadanos españoles en la asistencia socio-sanitaria, pues el territorio valenciano es uno de los más perjudicados por el actual sistema de financiación.

Las medidas supondrían poner en circulación los 2.200 millones euros solicitados por el Consell. El Gobierno no ha aclarado si pondrá en marcha medidas extraordinarias para las autonomías.

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