Aunque la economía provincial no ha conseguido borrar por completo los estragos que ocasionó la crisis iniciada en 2008, lo cierto es que los seis años de recuperación económica sí han logrado que, al menos en algunos indicadores, Alicante encare las nuevas dificultades derivadas del Covid-19 en mejor situación que entonces. En concreto, según el último balance que acaba de publicar el Banco de España, las empresas y las familias de la provincia afrontan este nuevo periodo de incertidumbre con un nivel de endeudamiento más de un 30% inferior al de entonces y un volumen de dinero en el banco ligeramente superior, lo que les da cierto margen de maniobra.
Así, los datos del supervisor financiero indican que el saldo vivo de los créditos del sector privado en la provincia -el total de dinero que empresas y particulares deben a las entidades- cerró 2019 en 38.881 millones, frente a los 56.972 millones del año 2008. Es decir, que en este tiempo los alicantinos han sido capaces de reducir su endeudamiento en más de 18.000 millones de euros, y eso teniendo en cuenta los nuevos préstamos que también se han concedido. Una cantidad más que significativa y que da idea del esfuerzo realizado.
Al mismo tiempo, el volumen de dinero que los alicantinos tienen en los bancos -ya sea en cuentas corrientes o, cada vez menos, en depósitos a plazo- alcanza ya los 37.817 millones frente a los 35.285 del año 2008, si bien hay que señalar que una parte de este incremento se debe al trasvase que se produjo desde Cataluña a la cuentas espejo que el Sabadell creó en su sede central de Alicante tras el referéndum independentista, cuando muchos de sus clientes reclamaron sacar sus ahorros fuera de Cataluña. Por otro lado, estos datos no incluyen los alrededor de 6.000 millones que los residentes de la provincia tienen en fondos de inversión, un producto que en los últimos años ha captado buena parte del incremento del ahorro de las familias.
Al respecto, el director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ives), Joaquín Maudos, señala que «el brutal desapalancamiento que ha realizado el sector privado desde el inicio de la crisis -más intenso en empresas que en familias- hace que podamos afrontar el impacto de la (nueva) crisis en mejores condiciones», aunque, eso sí, también apunta su temor a que el «impacto» de la situación actual vaya a ser «muy superior al de 2008». En cualquier caso, el también catedrático de Fundamentos del Análisis Económico señala que es una «buena noticia» que ahora las empresas sean menos vulnerables de lo que lo eran en 2008. Y no sólo porque se haya reducido el volumen de la deuda que tienen pendiente con las entidades, «sino también por el coste de la financiación, que ahora es muchísimo más bajo».
En la misma línea, apunta que el ratio de deuda sobre PIB de las empresas españolas «ya está por debajo del promedio europeo, lo que contrasta con la situación de años anteriores, donde la brecha era muy grande».
Tasa de ahorro
En cuanto al volumen de depósitos, Maudos destaca que en los dos últimos años la tasa de ahorro de las familias se había recuperado notablemente -tras caer en ejercicios anteriores a niveles preocupantes-, hasta alcanzar el 7,4% de la renta bruta disponible, lo que también mejora la posición de partida frente a una nueva crisis. No obstante, recuerda que uno de los problemas actuales es la desigualdad de los niveles de renta, lo que provoca que haya colectivos más vulnerables.
Los empresarios reclaman que se abra ya el nuevo tramo del ICO
El organismo público señala que las entidades no pueden exigir contratar más productos para dar los préstamos
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) reclamó ayer al Gobierno que abra «cuanto antes» el segundo tramo de avales públicos del ICO, después de que varias entidades agotaran en el día de ayer el cupo que se les había concedido dentro de la primera línea por importe de 20.000 millones de euros que el organismo público puso en circulación este mismo lunes. Un nuevo tramo que, en opinión de la patronal autonómica, no debería ser inferior a 30.000 millones, ante la demanda existente.
Al respecto, ayer entidades como BBVA reconocían que estaban muy próximos a cubrir la cantidad que se les había asignado -el Gobierno distribuye los avales en función de la cuota de mercado de cada banco-, mientras que otras, como Sabadell, apuntaban que, en el tramo dirigido a pymes y autónomos, la demanda multiplicaba por 2,6 a la oferta. En este sentido, la entidad presidida por Josep Oliu confía en empezar a abonar los importes este miércoles. En cuanto a los precios que se están firmando, desde el sector señalan que el interés medio en los créditos a pymes ronda el 2% con el aval público, frente al 4% que se pagaba hasta hora.
Por otra parte, y tras las quejas de la organización de autónomos UATAE y de los mediadores de seguros, el Banco de España advirtió ayer de que vigilará la comercialización de estas líneas de crédito con avales públicos para que se cumplan las condiciones establecidas. En esta misma línea, el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo Ruiz, advirtió a los bancos de que no pueden exigir a sus clientes la contratación de productos o servicios adicionales a cambio de conceder estas líneas de liquidez, que, además no pueden destinarse a refinanciar créditos activos ni para amortizar otros preexistentes. Las dos patronales del ramo -AEB y CECA- se comprometieron a que sus asociados no realizaran estas prácticas.
Aplazamientos
Por otro lado, las entidades españolas anunciaron ayer un acuerdo para conceder a los clientes afectados económicamente por el Covid-19 un aplazamiento en el pago del capital de las hipotecas sobre primera vivienda de hasta 12 meses, y de seis meses, en los préstamos al consumo. En este tiempo, sólo pagarán intereses.
