Lo que Hacienda no ve durante la campaña de la renta tampoco es visible para el Ministerio de Trabajo durante el estado de alarma. Lo que en el primer caso se puede traducir en una «ventaja» para empleadores y empleados que pagan menos impuestos, en el segundo se convierte en un daño autoinfligido que limita los recursos públicos para afrontar la pandemia y deja a los trabajadores a merced de una crisis de dimensiones desconocidas con la caridad y las ayudas sociales como única protección. Es el pronóstico para las 130.000 personas que viven exclusivamente de la economía irregular en la provincia. Sin posibilidad de obtener ingresos y sin paro, su subsistencia durante el estado de alarma depende de ahorros, de la solidaridad familiar y de ayudas sociales de ONGs, voluntariados y Ayuntamientos. Representantes de estos colectivos piden al Gobierno la aprobación de una renta básica ciudadana como «única manera de salir de esta situación», como expresa Isabel Matute del colectivo de aparadoras de Elche.
Además, en la provincia existen otros 80.000 trabajadores parcialmente sumergidos cuyos ingresos se van a ver severamente recortados si están afectados por un ERTE, ya que sus prestaciones por desempleo son proporcionales a las horas de su contrato y no a la jornada real trabajada. En total, en Alicante podría haber 215.000 trabajadores desprotegidos total o parcialmente durante la crisis del Covid-19 por culpa de la economía sumergida.
Estimaciones
En criminología se llama «cifra negra» a los asesinos que la policía no tiene en su radar y que, sumado al de criminales conocidos, completaría el número de personas que han cometido asesinato. Con la economía irregular ocurre algo parecido, por lo que todos los intentos por medir cuántos trabajadores permanecen ocultos para la Administración son puras estimaciones. Como señala la secretaria general de UGT en l'Alacantí, Yaissel Sánchez, «los únicos datos reales que tenemos son los de la Inspección de Trabajo», institución que en 2019 detectó 9.437 empleos irregulares en la provincia, según información facilitada por el Ministerio de Trabajo. «Eso es la punta del iceberg. Normalmente el empleo aflorado se debe a grandes operaciones. Los inspectores van a defraudadores muy significados, mientras que la mayor parte del tejido sumergido es mucho más difusa. El número real debe ser, me temo, siete o nueve veces mayor», apunta el catedrático de Economía Aplicada de la UA Josep-Antoni Ybarra.
La opinión del académico coincide con la estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del empleo informal en España, porcentaje que, aplicado al último dato de población ocupada en la provincia de la Encuesta de Población Activa (EPA), proporciona la estimación que articula este reportaje. Así, si en nuestro país existe un 17,3% de empleo oculto y otro 9,9% parcialmente sumergido según la OIT, y en la provincia hay 787.700 personas ocupadas, se obtienen las citadas estimaciones.
Sectores
Esos números tienen cara. Isabel Matute, portavoz de la Asociación de Aparadoras de Elche, responde «yo misma» cuando se le pregunta por algún caso en su entorno el que se den a la vez la imposibilidad de trabajar para el calzado por el confinamiento y la inexistencia de prestaciones por desempleo. «Las fábricas han parado todos los pedidos y no entra nada. El dinero que tenía en casa se acabará pronto. Me apoyo con la familia, que nos está ayudando y no deja que pasemos hambre. Hemos dejado de pagar la luz y las letras de la hipoteca», explica la miembro más expuesta de este colectivo que denuncia las condiciones de trabajo de miles de personas de la industria zapatera, uno de los sectores con mayor actividad irregular de la provincia.
Otra de las industrias alicantinas más castigadas por la informalidad es la hostelería. En este caso, conviven los trabajos en negro con la práctica de hacer contratos por muchas menos horas de las que realmente trabajan y cobran los trabajadores. «En restauración, cafeterías y en algunos hoteles es habitual tener una jornada de cinco horas que se alarga tres horas o más», apunta Yolanda García, del colectivo de camareras de hotel de Benidorm conocido como las Kellys. De este modo, el porcentaje de su salario cubierto por el paro, bien durante el periodo de duración del ERTE o por haber sido despedidos, queda reducido al mínimo. García recuerda que «muchos hosteleros mandaron a la calle a la plantilla antes de que el Gobierno decidiera prohibir los despidos durante el estado de alarma».
Por su parte, José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), señala que en otro de los grandes focos de irregularidad, la agricultura, «se van a continuar produciendo abusos durante el confinamiento por la ausencia de inspecciones» en las fincas agrícolas. «En una provincia como Alicante, con trabajos en domicilios y en talleres irregulares, muchas personas se van a encontrar con que las únicas ayudas que tienen son las que apruebe el Gobierno para colectivos vulnerables», lamenta Mollinedo.
«Daño a nosotros mismos»
Gestha estimó en 2017 que la economía sumergida representa el 28% del PIB provincial, porcentaje que supone unos 9.800 millones de euros si se calcula sobre el dato de producción anual que recoge Ineca en su informe de este año «Fortalezas de la Provincia de Alicante», unos 35.000 millones. «Siempre hemos dicho que de cada tres euros que se producen en Alicante, uno es negro», apunta José María Ruiz, secretario de comunicación de CC OO l'Alacantí-Les Marines.
El fraude a la Seguridad Social y a Hacienda es, para la secretaria general de UGT en l'Alacantí, «un daño que nos hacemos a nosotros mismos». En lo laboral, los trabajadores que voluntariamente o por fuerza mayor aceptan estas condiciones «son personas que no constan en el sistema pero sí en la parte negativa de pobreza y desigualdad, porque no tienen derecho a desempleo de ningún tipo».
Ybarra, por su parte, advierte de la «problemática seria» que puede crear la desprotección de cerca de un 20% de los trabajadores «cuando se acaben las ayudas familiares y los ahorros». «Esta crisis tendrá un número de víctimas muy alto, y venimos de una anterior donde hubo una criba muy importante», apunta, al tiempo que señala que en el tejido industrial la pérdida puede ser de más de una tercera parte, como ocurrió en 2008. «El cuerpo económico de esta provincia es muy flojo», añade.
Pese a los conatos de estallido social que ha habido en algunas regiones italianas, lastradas por el crimen organizado y la economía informal, ninguno de los expertos consultados cree que, de momento, se puedan producir asaltos a supermercados o rupturas del confinamiento por falta de ingresos.
Solidaridad
La falta de recursos públicos para abordar esta emergencia crea también ayudas sociales informales. Según Ruiz, en zonas vulnerables de la capital «hay mucha actividad de asociaciones y donaciones para poder llevar comida» a los hogares donde la desprotección es mayor.
Ruiz destaca, además de la labor de Cáritas y Cruz Roja, iniciativas como el proyecto Emergencia Social en el Barrio del Cementerio, de la red de voluntarios de Arquitectura Sin Fronteras, la coordinadora Banco de Cuidados de Alicante, Despensa Solidaria, el apoyo en trámites de los trabajadores sociales de Respuesta Social Rápida, los recados a personas vulnerables de la AVV Carolinas Bajas Les Palmeretes y el comedor social abierto de La Prosperidad en la capital.
«Ya no pago luz, ni butano, ni agua. Lo que tengo es para comer»
Una aparadora cuenta cómo sobrevive estos días enferma de cáncer y sin prestaciones tras 47 años de trabajo
La historia de Toñi Rico refleja el daño que se hace a sí misma esta provincia al ser incapaz de concienciarse de la lacra que supone la economía sumergida. Aparadora desde que a los 13 años compró su propia máquina y aprendió «sola el oficio», hoy, con 60 cumplidos y en plena crisis, solo recibe apoyo del Estado en el único servicio al que no le importa que sólo haya cotizado cinco de los 47 años que lleva trabajando: la sanidad.
Enferma de cáncer, esta vecina del barrio ilicitano de Carrús sobrevive estos días con la pensión de 800 euros de su marido. «Vamos tirando sin pagar nada. Ni luz, ni agua, ni butano. Lo que tengo es para comer», cuenta por teléfono. La pensión cubre la hipoteca, sus medicinas, la comida de ambos «y poco más, porque también devuelvo algunos recibos de teléfono», cuenta.
El dinero que había ahorrado mientras podía trabajar se fue. Si los talleres de calzado para los que ha entregado pedidos con su máquina, trabajando en casa, la hubiesen dado de alta en la Seguridad Social, tendría derecho a paro o a una baja por enfermedad con la que poder capear estos días. Pero para el servicio de empleo es un fantasma. «A los empresarios les he dicho que hasta me pagaba yo la Seguridad Social si me hacían contrato, pero nada», asegura.
«Y en los servicios sociales me dicen que tendría ayudas si me divorciara. A ver si voy a tener que separarme también para tener algún ingreso», cuenta sin perder el humor. Sabe que en su barrio, zona cero de la fabricación de calzado, hay gente «que está incluso peor». «Hay muchísimas mujeres operadas del túnel carpiano, de hernias discales, con problemas de pulmones y estómago por las colas», afirma. Ni su trabajo ni el de ninguna de ellas sirve para paliar los problemas de esta pandemia: ni les protege de la escasez económica ni contribuye a que los hospitales puedan enfrentarse con seguridad al Covid-19.
