Varapalo para el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Alicante formado por PP y Ciudadanos. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que depende del Ministerio de Hacienda, ha dictado una resolución que tumba la adjudicación del contrato de zonas verdes, el de mayor cuantía del gobierno del alcalde Luis Barcala (salió a licitación por 20 millones de euros en tres años con dos posibles prórrogas de un año) al estimar el recurso que presentó la empresa que prestaba el servicio anteriormente, Gestión Ambiental Urbana (Geamur). La oferta que formuló ésta quedó fuera al estimar los técnicos una baja temeraria no justificada respecto a los costes salariales de los trabajadores. La Junta de Gobierno aprobó a finales de marzo la adjudicación a la firma murciana STV por 17,6 millones de euros.

El bipartito, tras revisar el fallo, ha decidido enviar un escrito de aclaración para que se tengan en cuenta sus alegaciones. El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, destaca la sorpresa que les ha producido que en la resolución el tribunal diga que el Ayuntamiento no ha reclamado «cuando sí que hemos presentado alegaciones», dijo ayer. Tras verificar que fueron enviadas, y en función de la respuesta del tribunal, el Ayuntamiento presentará un escrito pidiendo la nulidad al entender que es un error que genera indefensión.

La oferta de Geamur, por 16,6 millones, fue desestimada el pasado mes de enero por la Mesa de Contratación, dejando el contrato millonario durante los próximos tres años en manos de la empresa STV, que había quedado en segundo lugar en el proceso, con una oferta de 17,6 millones. Ese acuerdo dejaba fuera del proceso a la antigua Viveros Albatera, que se había encargado del servicio durante los últimos años.

El presupuesto inicial de licitación de esta contrata era de poco más de 20 millones de euros. El mantenimiento de las zonas verdes ha sumado críticas en los últimos años, lo que llevó al gobierno de Luis Barcala a aumentar el coste del pliego, unos 7,5 millones para los tres próximos años, para intentar mejorar el servicio.

Geamur decidió recurrir ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que admite la reclamación, obligando a incluir su oferta. El tribunal administrativo anula la resolución de la Junta de Gobierno el 28 de enero y retrotrae el procedimiento al momento anterior a la misma para que la oferta de la empresa recurrente sea admitida.

Esto supone que la clasificación con STV a la cabeza debería quedar anulada para incluir de nuevo la oferta de Geamur. El organismo que depende del Ministerio de Hacienda considera que esta empresa justificó de manera detallada el importe de su oferta y que no correspondía su exclusión del concurso. Contra esta resolución el Ayuntamiento puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.