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Análisis

Los refugios de Barcala para «silenciar» el amaño del PGOU de Alicante

La confesión de Ortiz incomoda al alcalde, que no duda en reavivar la polémica por Santa Faz o refugiarse tras el coronavirus para evitar que el debate político le salpique

El alcalde, Luis Barcala, en la última romería de la Santa Faz, celebrada el pasado año.

El alcalde, Luis Barcala, en la última romería de la Santa Faz, celebrada el pasado año. rafa arjones

Al alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), le molesta, y mucho, que se hable de corrupción vinculada a su partido. Y desde que ocupa el despacho más noble del Ayuntamiento, aún si cabe. No lo oculta: si lo intenta, no lo consigue.

Así, cualquier «refugio» parece apropiado con tal de silenciar, por ejemplo, el debate político tras la autoinculpación del empresario Enrique Ortiz, que recientemente ha admitido amaños en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante [el documento nunca llegó a estar en vigor] a cambio de evitar la cárcel. Una confesión que apunta directamente a dos de los acusados, a los que deja en una situación complicada: los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, con quien Barcala compartió años de gobierno (desde 2011 y hasta que la popular se vio forzada a dimitir).

La confesión de Ortiz quedó, en un primer momento, ensombrecida por otra confesión, la de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), y su «me aburro mucho» en redes. Bien, debió pensar Barcala: cuanto más arrecien las críticas contra la «número dos», menos se hablará de un PGOU supuestamente a la carta.

Cuando ese «suflé» bajó, llegó la decisión de la Subdelegación del Gobierno, dirigida por la socialista Araceli Poblador, de no permitir la bendición de la Santa Faz desde el Castillo de Santa Bárbara. Bien, debió pensar Barcala: si mantenemos este debate, menos tiempo para que se hable de la pieza derivada del caso Brugal. Ese chicle, desde el entorno del alcalde, se estiró todo lo que se pudo. Al final no hubo bendición desde la fortaleza (se hizo desde el Caserío), pero tampoco se habló del PGOU fallido durante seis días más. Así, entre el «me aburro» de Sánchez y la Santa Faz, ya había pasado más de una semana desde la asunción de culpa de Ortiz. Un mundo en política.

Y en estas se acerca el pleno de abril, el primero ordinario que se va a celebrar en Alicante desde el decreto del estado de alarma, ya que el previsto en marzo se suspendió. Con todas las iniciativas presentadas (el plazo finalizó a principios de esta semana), sabedor por tanto de lo propuesto por la oposición, el alcalde plantea ahora que la sesión de abril sea un monográfico sobre el coronavirus. Bien, debe pensar Barcala: si se habla sólo de la crisis del Covid-19, me evito debates incómodos.

Lo dice, eso sí, con el partido ya empezado, como él mismo reconoció en la reunión con los portavoces del pasado viernes, cuando se descolgó con una propuesta que dejaría en el cajón dos asuntos que nada gustan en Alcaldía: Compromís como Unidas Podemos, por separado, reclaman la creación de una comisión para echar la vista atrás y «depurar responsabilidades» a nivel político. Para generar ruido en torno al amaño del planeamiento urbanístico. Y, ahondando aún más, desde la coalición morada piden que el Pleno condene las «prácticas corruptas del PP en las etapas lideradas por el exalcalde Luís Díaz Alperi y la exalcaldesa Sonia Castedo», además de «reprobar a los concejales que formaron parte de los distintos equipos de gobierno en esas etapas». Nadie queda en la Corporación alicantina del mandato 2007/2011, cuando supuestamente se intentó amañar el nuevo PGOU, pero sí hay tres concejales que compartieron ejecutivo con Castedo a partir de 2011: Barcala, Mari Carmen de España y Adrián Santos, ahora en Cs. También hay otra edil afectada, aunque en este caso por lazos familiares: el marido de la responsable de Hacienda, Lidia López (PP), es uno de los acusados en el caso del PGOU. Le piden seis meses de cárcel por hacer supuestos pagos en metálico. Entre las acusaciones particulares está el propio Ayuntamiento, que también ha sido partícipe del acuerdo con el empresario Ortiz, aunque Barcala todavía no ha dado explicación alguna.

En este escenario, desde Compromís proponen al alcalde que siga la estela de su admirado José Luis Martínez-Almeida, regidor de Madrid, también del PP, que recientemente convocó un pleno extraordinario para abordar en exclusiva la crisis por el coronavirus. La decisión definitiva se adoptará mañana, en la Junta de Portavoces previa al pleno de este jueves.

Aviso a navegantes

La última vez que los grupos municipales se vieron las caras por videoconferencia, este pasado viernes, desde la izquierda se quedaron con unas palabras de Barcala, que resonaron, dicen, a una mezcla de advertencia y amenaza. Mientras el alcalde proponía -en negativo- que no se hablase del amaño del PGOU en el pleno de este jueves (él defendía que sólo se abordasen propuestas sobre la crisis por el Covid-19), deslizó algo así como: «Tened cuidado con lo que decís, que estaremos atentos».

En el ambiente, claro, sobrevoló la denuncia presentada este miércoles por el concejal Adrián Santos contra el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, por injurias y calumnias al acusarle de modificar una ordenanza para «favorecer a sus amistades». Esa denuncia se basa en un comunicado de la coalición en el que se metió en la coctelera la modificación de la Ordenanza de Licencias (que está previsto que se apruebe en este pleno) y la confesión de Ortiz que deja en un escenario complejo a Castedo. El resultado, a juicio del actual edil de Urbanismo, es merecedor de una denuncia judicial. Y así hizo.

Finalmente, de ceder la oposición (no parecen por la labor) y conseguir Barcala que no se hable del PGOU en la sesión de este jueves, tampoco deben esperar los alicantinos muchos avances concretos en la gestión de la crisis. Se abordarían asuntos como la creación de una comisión específica para la recuperación de Alicante y se trasladarían peticiones al Gobierno de España (desde turismo al uso de los ahorros municipales), además de tratar una posible bajada de sueldo de los concejales a modo de gesto. Medidas concretas, todavía no. Y es que Alicante, a día de hoy, sigue todavía sin Presupuesto de 2020.

El alcalde y las ruedas de prensa: solo una en todo el confinamiento

El alcalde y las ruedas de prensa: solo una en todo el confinamientoEn una única rueda de prensa ha participado el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), desde que se decretó el estado de alarma hace 43 días. Fue el pasado 14 de abril y con el objetivo de presentar el primer paquete de medidas para hacer frente a la crisis por el coronavirus. Es decir, durante todo el confinamiento, Barcala se ha sometido a una única conferencia de prensa, en la que también estuvo la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs). Justo antes del estado de alarma, el viernes 13 de marzo, Barcala fue protagonista de la última rueda de prensa celebrada desde la Sala de Prensa del Ayuntamiento. Fue con motivo de la suspensión de la Semana Santa y también acudió la «dos» del gobierno. Eso sí, donde no se ve a la vicealcaldesa es en las, hasta ahora, habituales ruedas de prensa posteriores a las juntas de gobierno de los martes. Desde que se decretó el estado de alarma, el bipartito ha decidido suspenderlas. Mes y medio sin que nadie dé cuenta de los asuntos que se aprueban cada semana. Ni con preguntas previas ni en directo. Nada. Silencio.

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