Podemos acusa al edil de Urbanismo de utilizar los juzgados para coartar la crítica política

Tanto Unidas Podemos como su portavoz municipal quieren aclarar, "para evitar interpretaciones erróneas", que no se ha imputado delito alguno al concejal de Urbanismo ni ha habido pretensión de hacerlo y lamentan que haya podido entenderse de esa manera. Así, han asegurado que "la nota de prensa enviada el pasado martes hace una valoración exclusivamente política del Grupo Municipal de Unidas Podemos sobre la gestión que el partido Ciudadanos está llevando a cabo en la tramitación de la citada Ordenanza".

Asimismo desde la formación quieren dejar claro que "la llamada telefónica a la que alude el edil en su comparecencia no tuvo como objeto el emplazamiento para rectificar las declaraciones, tema del que no se habló, sino concertar una reunión para pulir aspectos técnicos de las enmiendas presentadas desde Unidas Podemos previamente a la Comisión de Urbanismo del lunes 27 de abril, eso sí, haciendo uso de un tono muy alejado del entendimiento y del acuerdo, como así se lo hizo saber Xavier López durante la conversación".

Las enmiendas presentadas por Unidas Podemos, tal y como se refleja en la nota de prensa, "tienen como finalidad dotar al Ayuntamiento de los mecanismos de control necesarios para garantizar que la calificación como “Proyectos Prioritarios” en el otorgamiento de licencias urbanísticas se hace con la mayor objetividad y transparencia posible, para evitar cualquier trato de favor que pudiera sucederse en el futuro".

Por ello, han asegurado que "es una preocupación lógica de Unidas Podemos reforzar el control democrático en este área municipal, donde bajo el mando de anteriores responsables políticos acontecieron hechos hoy judicializados y escándalos de presunta corrupción, amaños y favores, reconocidos a día de hoy por diversos empresarios de la construcción dentro de la trama conocida como Brugal, entre ellos Enrique Ortiz, que se declara autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos y otro delito de tráfico de influencias sobre funcionario público o autoridad. Además, admite responder como cooperador necesario de la comisión de un delito continuado de prevaricación, así como haber financiado ilegalmente al Partido Popular".

Sin embargo, desde la formación morada han avisado que "desconocemos si el propósito último de la denuncia anunciada por el edil de Ciudadanos no es otro que desligarse de su anterior organización política en el contexto de las recientes confesiones de Enrique Ortiz".

Así han explicado que "aunque es público que Adrián Santos Pérez se incorporó al consistorio con posterioridad a la redacción del PGOU, y que no figura como acusado en causa alguna, no es menos cierto que permaneció en la organización local del Partido Popular, presidiendo además las Nuevas Generaciones y estrechamente ligado a la exalcaldesa, Sonia Castedo durante los primeros años del proceso judicial. Además han agregado que "en 2010, la opinión pública ya conocía, a través de los medios de comunicación, audios muy explícitos de las conversaciones entre el constructor y la exalcaldesa sobre el presunto amaño.

Por todo ello, Unidas Podemos ha confirmado que seguirá exigiendo responsabilidades políticas y "no aceptarán que Ciudadanos y el edil, Adrián Santos, utilicen los juzgados como método de presión para limitar nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión en la fiscalización y control de la actividad pública".

También han reiterado que la formación municipal "va a continuar defendiendo, como ha hecho siempre, la necesidad de aumentar la transparencia de las instituciones y de mejorar los mecanismos de control y participación para acercarlas a la ciudadanía". Por ello, presentaron en el pleno del mes de abril una iniciativa para crear una comisión que investigue y evalúe los daños que la corrupción de Ortiz y del PP han costado a la ciudad de Alicante.