El decreto del estado de alarma por el coronavirus llegó en el peor momento para los más de setenta trabajadores del servicio de salvamento y socorrismo del Ayuntamiento de Alicante. Y es que el proceso de adjudicación del nuevo contrato, en un concurso público que ganó la UTE formada por Ebone y Embesur, estaba pendiente de la firma definitiva, después de que el Patronato municipal de Turismo, dirigido por Mari Carmen Sánchez (Cs), certificase la adjudicación.
En ese momento, llegó el decreto de alarma y la suspensión de plazos en la administración, dejando en un «limbo» legal a unos setenta trabajadores subrogados de la anterior contrata, en manos de Proactiva. Así, estos socorristas no pueden acogerse a medidas sociales previstas por el coronavirus al no estar todavía suscrito el contrato con el Ayuntamiento.
El servicio debía entrar en funcionamiento el día antes del Domingo de Ramos (4 de abril), con motivo de la Semana Santa. La vigilancia de las playas se tenía que prolongar hasta el Lunes de Pascua. También estaba previsto servicio el día de Santa Faz y todos los fines de semana y festivos del mes de mayo. Sin embargo, ninguno de estos servicios se prestó al cerrarse todas las playas por el coronavirus. Todavía no hay fecha para reabrir los arenales y permitir el baño. Está previsto en el contrato que el servicio diario se prolongue del 1 de junio a 15 de septiembre, y hasta mediados de octubre los fines de semana.
Ante la situación en la que se encuentran más de setenta socorristas, desde el Patronato se limitaron a alegar que el estado de alarma impide la firma del contrato y que se hará «en cuanto se pueda» y cuando «vayan a prestar servicio».
Para el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, la concejala de Mari Carmen Sánchez «tiene los instrumentos legales para continuar con el procedimiento». Además, el portavoz añadió ayer que «si la vicealcaldesa se aburría, podría haber empezado por atender las reivindicaciones de los trabajadores que están bajo su responsabilidad subsidiaria».
