La crisis social generada por la pandemia del coronavirus no solo está afectando a las familias que ya estaban en una situación de vulnerabilidad, sino también a otras personas que hasta ahora nunca habían necesitado pedir ayuda a la administración. Así lo constata la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, que asegura que de las 3.650 fichas nuevas que se han abierto desde que estalló la crisis por el covid-19, más de 2.000 son de personas que no residen en los barrios de la Zona Norte. Muchas de ellas, según explican desde el área municipal, viven en barrios de la zona sur, como Florida o Ciudad de Asís, o en el entorno de Carolinas y el Pla. Este nuevo «mapa» de la ayuda social evidencia que el impacto del coronavirus, con un confinamiento que se inició hace dos meses, está obligando a acudir a Servicios Sociales a personas que hasta ahora nunca habían tenido esa necesidad económica para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la higiene.
Las nuevas fichas abiertas en Acción Social, junto al total de atenciones efectuadas en los dos últimos meses (más de 11.000 usuarios, fueron algunos de los datos que se pusieron ayer sobre la mesa en la primera reunión entre el bipartito y la oposición para abordar la controvertida gestión de la emergencia social. A esa cita, que tuvo lugar con videoconferencia, no asistió ningún miembro del grupo municipal socialista. Y eso que son nueve los concejales del PSOE en el Ayuntamiento.
No lo hicieron pese a la polémica suscitada en las últimas semanas que ha llevado incluso al Síndic de Greuges a abrir una queja de oficio para investigar la gestión del gobierno local ante la emergencia social en la Zona Norte de Alicante, que se ha visto incrementada notablemente por la pandemia por coronavirus. La decisión del Defensor del Pueblo autonómico, desvelada por este diario, surge tras las continuas críticas públicas de asociaciones que han tenido que dar un paso adelante para dar respuesta a los problemas de los vecinos ante la supuesta inacción del bipartito de Alicante, dirigido por Luis Barcala (PP).
Pese a ese escenario, nadie del PSOE estuvo ayer presente en la reunión. La excusa que esgrimieron, a través de un comunicado, es que la edil socialista responsable de Acción Social, Lola Vílchez, ha dado positivo por coronavirus en una prueba realizada esta misma semana. «Ante su situación sanitaria y tener que guardar la preceptiva cuarentena, la concejal no accedió a la convocatoria y no pudo avisar a ningún compañero del grupo para que fuera sustituida. El Grupo Municipal Socialista lamenta y se disculpa ante la sociedad alicantina por no haber podido acudir a dicha reunión», sostienen los socialistas a través del citado escrito. Sin embargo, la realidad es otra bien distinta. Este diario pudo comprobar que un correo por el que se convocó a la reunión a todos los grupos municipales se envió el pasado miércoles al portavoz del PSOE, Francesc Sanguino, y no a la edil Lola Vílchez. Envíos al margen, en el Ayuntamiento era público que ayer se iba a celebrar una reunión muy solicitada desde la izquierda.
Tras la videoconferencia, desde Unidas Podemos se criticó de nuevo la gestión del bipartito. «Ha quedado en evidencia que los recursos del Ayuntamiento son claramente insuficientes. El bipartito de derechas vive de espaldas a la emergencia social que sufren miles de alicantinos», señaló Vanessa Romero. En la misma línea se mostró el edil Rafael Mas (de Compromís): «Destaco la falta de humildad y la falta de capacidad y de comunicación por parte de Julia Llopis, que no ha admitido ningún error y ha echado balones fuera contra la Generalitat».
Medio millón de euros para la primera fase de la crisis social
La concejala de Acción Social, Julia Llopis (PP), señaló ayer que el Ayuntamiento ya ha destinado medio millón de euros para hacer frente al primer envite de la crisis social por la pandemia de coronavirus. Además, recordó que existe una partida económica de 6,3 millones de euros «para seguir dando soporte social a las familias que residen en Alicante mientras duren los efectos de la pandemia». A la reunión también asistió la edil de Inmigración, María Conejero, de (Cs).
