El empresario Enrique Ortiz se ha retractado de la conformidad firmada con el fiscal y las acusaciones en el caso del Plan General de Alicante.

Tras haber admitido el pago de dádivas a los exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por los amaños del PGOU, ha presentado hoy ante la Audiencia un escrito por el que revoca ese acuerdo.

La renuncia se produce a una semana de que arranque el juicio del PGOU y apenas dos semanas después de que en Elche otra sección de la Audiencia declarara nulas todas las escuchas telefónicas que dieron inicio al caso Brugal.

Junto a Ortiz, también se han retractado su hermano Virgilio y uno de sus trabajadores de confianza, Santiago Bernáldez, que admitieron haber realizado entregas de dinero en efectivo en el domicilio particular del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. Los dos se habían conformado con una pena de tres meses de prisión cada uno.

Ortiz admite en la Audiencia que dio dádivas a Alperi y Castedo para amañar el PGOU de Alicante

Ortiz se echa atrás tras la firma del acuerdo

Apenas han pasado dos meses desde que Enrique Ortiz firmara el acuerdo por el que aceptaba penas que sumaban dos años de cárcel por de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, así como el pago de cerca de un millón y medio de euros en concepto de multas y de responsabilidad civil.

Ahora, la defensa del empresario ha presentado ante la Audiencia un escrito por el que renuncia a ese acuerdo.

Aunque la conformidad se firmó ante el Ministerio Público, las acusaciones particulares y el letrado de la Administración de Justicia el pasado 21 de abril, todavía tenía que ratificarse ante la magistrada al inicio del juicio.

De momento, sí que se mantiene la conformidad firmada por el promotor ilicitano Ramón Salvador, el primero de los acusados que llegó a un acuerdo con el fiscal, según confirmaron fuentes cercanas el empresario. Salvador Águeda admitió que pagó 116.000 euros para que le recalificaran en el PGOU terrenos que no eran urbanizables. Éste se conformó con una pena de tres meses de prisión y el pago 14.500 euros.

En el acuerdo firmado por Ortiz ante la Audiencia, el empresario admitía que pagó dádivas y regalos a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo por los amaños en el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad.

En el caso de Alperi, las dádivas presuntamente recibidas consistirían en un viaje a Creta en jet privado por 36.000 euros, los pisos destinados a los hijos del exprimer edil por importe de 324.000 euros, un palco en el Estadio Rico Pérez valorado en 3.150 euros, así como entregas en metálico de 60.000 euros en su domicilio y otros 30.000 euros para una empresa del hijo del exprimer edil.

En cuanto a Sonia Castedo, los regalos por los que se ha formulado acusación y admitidos ahora por el promotor consistirían en dos viajes a Andorra en las navidades de 2008 y 2009 (4.612 euros), otros dos viajes a Ibiza en embarcaciones de Ortiz durante los veranos de esos años (241.887 euros), un vehículo (13.400 euros) que recibió una persona próxima a la exalcaldesa, así como otras no cuantificadas como colocar a conocidos en las empresas de Ortiz y tarjetas de aparcamiento.

Por otra parte, el portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, exige que se convoque la comisión que pidió que se creara para evaluar qué ocurrió con la revisión de aquel PGOU y el coste que la corrupción ha tenido para la ciudad. Eso, precisó, al margen del proceso penal. Bellido reconoce el derecho de Ortiz a defenderse pero tachó de "peligrosa" la decisión de retractarse en su confesión de los hechos.