El Ayuntamiento de Alicante, con Luis Barcala al frente, llevará a los tribunales a la Autoridad Portuaria, presidida por Juan Antonio Gisbert, ante la imposibilidad de prorrogar el convenio de la terminal de autobuses de la ciudad de Alicante, que finaliza el próximo 30 de junio. "Dos no negocian si uno no quiere. Los contactos empezaron en diciembre, pero nos hemos encontrado con una pared. La Autoridad Portuaria no se mueve, y no nos trata como merecemos, lo hace como si fuéramos una administración inferior", ha señalado el concejal de Transportes, Manuel Villar, durante el pleno ordinario del mes de junio en respuesta a una pregunta de los socialistas. "Esto va a acabar en los tribunales", ha añadido el edil popular.

Antes de que estallara la pandemia por el coronavirus, el grupo municipal socialista ya alertó de que el Ayuntamiento podría perder la estación de autobuses el próximo 30 de junio. El PSOE explicó que había solicitado a la Autoridad Portuaria un informe sobre el estado de la concesión de la estación de autobuses. "El Puerto ha contestado al grupo socialista que en 2016 se firmó una adenda con el fin de extender la actual concesión hasta 2019, con una última prórroga hasta el 30 de junio de 2020", señalaron los socialistas. En ese momento, en marzo, desde el equipo de gobierno municipal trataron de restar trascendencia al tema al apuntar que lleva meses negociando con el Puerto la renovación de la concesión del espacio donde se ubica la estación de autobuses, con un permiso provisional.

En el pleno de hoy, el socialista Francesc Sanguino ha subrayado que "se han agotado todas las prórrogas sin que el Ayuntamiento haya firmado una nueva concesión para darle continuidad a la Estación de Autobuses en su emplazamiento actual". "Conforme al artículo 82 de Ley de Puertos del Estado, no procede prórroga adicional. De conformidad con la legislación portuaria vigente se puede tramitar una nueva concesión administrativa en el marco de un nuevo convenio y con nuevas condiciones económicas, al haber superado la fecha de vigor del convenio actual el pasado 31 de diciembre", ha añadido Sanguino, quien ha apuntado que "si la Autoridad Portuaria rechazara otras posibles ofertas y firmara una nueva concesión con el Ayuntamiento, según la fórmula ofrecida por la Autoridad Portuaria, un nuevo convenio supondrá por Ley un aumento de la tasa que puede ascender hasta el triple. Es decir, de 70.000 euros pasaríamos a 210.000 euros".

Desde el bipartito han criticado al socialista Sanguino por hacer propia la versión de la Autoridad Portuaria.

Por su parte, fuentes de la Autoridad Portuaria de Alicante han apuntado que el alcalde, Luis Barcala, conoce la situación en la que se queda la estación de autobuses de Alicante (provisional desde 2006), desde el pasado mes de diciembre de 2019, cuando el regidor pidió la última prórroga posible de seis meses, que acaba el próximo martes, 30 de junio. No hay más prorrogas posibles, según señala un informe de la Abogacía del Estado tras concerderse sendas prórrogas al exalcalde socialista Gabriel Echávarri en 2016 y a Barcala en 2019.

La complicada situación de la estación de autobuses de Alicante, en teoría provisional mientras se construía la estación intermodal del AVE, arranca en 2006 cuando en el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, y el presidente del Puerto, Mario Flores, firmaban un convenio para la construcción de la estación que en 2016 debía a pasar a propiedad de la Autoridad Portuaria. En 2010, la alcaldesa Sonia Castedo y el presidente del Puerto, entonces Miguel Campoy, firmaban un acuerdo para realizar otras obras a cambio de ampliar el plazo a 2018. Echávarri pediría dos años más y ya no hay más posibilidades, con lo cual a partir del próximo martes el Ayuntamiento ocupará ilegalmente el edificio, que pasará a ser propiedad del Puerto. "Lo saben desde hacer meses y no se han movido", aclara un portavoz del presidente Gisbert.