Lío para finalizar el pleno del mes de junio en Alicante. En este caso, por el día del Orgullo LGTBI, marcado en el calendario el 28 de junio. Dos propuestas se habían registrado finalmente a la sesión ordinaria, ambas por la vía de urgencia, y ninguna ha salido adelante por la batalla entre el bipartito de Alicante y los grupos de izquierda. La primera en tratarse ha sido la consensuada previamente por el PSOE, Unidas Podemos y Compromís, que tras superar la urgencia ha contado con el voto en contra de toda la derecha (PP, Cs y Vox).

En el debate, la izquierda ha criticado a la vicealcaldesa y concejala del área LGBTI, Mari Carmen Sánchez, por ser incapaz de pactar una iniciativa entre todos los grupos como responsable municipal del área LGBTI, salvo los ultras de Vox. También le han reprochado que decidiera presentar la iniciativa al pleno -basándose en el texto de la FEMP de 2019- cuando la izquierda, por separado, ya había registrado tres escritos distintos para debatirse en la sesión de hoy. Sánchez, por su parte, ha asegurado que habrá actos para la tercera semana del mes de julio, cuando tradicionalmente se celebra el Orgullo en Alicante, y ha reprochado a la izquierda también la falta de voluntad de acuerdo. Minutos después, como cierre del pleno, ha sido el turno de la propuesta elevada por el bipartito de Alicante, que ni se ha llegado a abordar en el fondo, ya que en este caso la izquierda y Vox han votado en contra de la urgencia.

Durante siete horas, la Corporación municipal de Alicante ha celebrado este jueves la sesión ordinaria del pleno del mes de junio, de nuevo de forma telemática. El Pleno de Alicante ha empezado rechazando la creación de una comisión para investigar el polémico contrato a dedo promovido desde la Concejalía de Cultura. El bipartito se ha aliado con los ultras de Vox para tumbar la propuesta de Unidas Podemos, que ha contado con el apoyo innecesario del PSOE y Compromís.

El asunto ha vuelto a tratarse de manera inmediata, con la comparecencia del concejal de Cultura, Antonio Manresa (Cs), solicitada por los socialistas. El edil Manresa ha asegurado que la contratación "se ajusta" a la ley, que se promovió para "reforzar la comunicación de la concejalía", además de sostener que el fichaje "no suple" a la funcionaria de baja, negando así al propio alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien defendió que la contratación "suplía" a la trabajadora, ahora de baja por maternidad. Esa contradicción de versiones ha llevado a Compromís a anunciar que pedirá la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, en un próximo pleno.

En su comparecencia, Manresa se ha dedicado más a atacar a los proponentes de su comparecencia, es decir, al socialista Francesc Sanguino y al Xavier López (Unidas Podemos), que a defender la gestión del controvertido fichaje, criticado incluso por Vox, pese a que se haya opuesto a crear una comisión de investigación. Eso sí, el edil de Cs ha reconocido que la contratación generó una "pequeña crisis" en el bipartito de Alicante.

Previamente, la Corporación alicantina ha aprobado la creación de una comisión sobre la Agenda 2030, que ha salido adelante con el apoyo de todos los ediles salvo los dos de Vox. "El Ayuntamiento de Alicante pone en marcha su estrategia para convertir a la ciudad en la próxima década en una de las más avanzadas del planeta en materia de sostenibilidad con la creación de una comisión específica de la Agenda Alicante 2030 para garantizar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU", han señalado desde el equipo de gobierno tras la creación de una comisión que, a juicio del bipartito, "compromete a que el modelo de la ciudad de prosperidad económica esté basado en la protección de la salud, la inclusión y participación social y el desarrollo sostenible de la ciudad, colaborando de este modo también, claro que sí, con el desarrollo sostenible del planeta".

Durante el pleno, se ha conocido una sentencia de un juzgado que rechaza convertir en fija a una interina que lleva más de diez años en el Ayuntamiento de Alicante. La sentencia de lo Contencioso número 2 choca con la reciente resolución del Contencioso número 4, que dictó consolidar a una funcionaria municipal que acumulaba más de una década en el puesto.

Por otro lado, el bipartito ha anunciado que llevará a los tribunales a la Autoridad Portuaria por la concesión de la estación de autobuses. El concejal de Transportes, Manuel Villar, ha criticado a la administración portuaria presidida por Gisbert por el "trato" al bipartito de Alicante al negociar la prórroga de un convenio que finaliza el 30 de junio. Este asunto se ha conocido tras una pregunta del socialista Francesc Sanguino, en el que ha alertado de que la tasa anual puede pasar de 70.000 euros pasaríamos a 210.000 euros.

Declaraciones institucionales

En otro orden de cosas, el pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado, con los únicos votos a favor del PP y Cs, una declaración institucional en la que se insta al Gobierno de España a crear un nuevo "fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión del Ingreso Mínimo Vital y que se haga a través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social". En el documento se reclama este recurso para "atender dicha gestión de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes", según el bipartito, que añade que "sin esos fondos adicionales, será inviable para las entidades locales gestionar esta nueva prestación estatal y por tanto, será inviable la firma de estos convenios de colaboración". La propuesta ha sumado el voto a favor del bipartito y la abstención del resto de grupos (la izquierda y Vox).

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado por unanimidad una declaración institucional mediante la que solicitan al Gobierno de España que se haga cargo del "déficit del transporte público de Alicante generado por el aumento de los gastos y la caída de ingresos durante el estado de alarma en el que se ha limitado la movilidad". En la declaración, propuesta por el PP y Cs, "se advierte de que el déficit del transporte público en Alicante durante la pandemia puede alcanzar los 10 millones de euros y que si no se recibe apoyo del Gobierno puede afectar a los recursos necesarios para las ayudas a las familias vulnerables o las que necesitan autónomos y pymes para la recuperación económica de la ciudad", según señalan desde el bipartito.

El Pleno de Alicante ha rechazado hoy declarar Alicante como ciudad "libre de fascismo, racismo y xenofobia", con los votos del PP, Cs y Vox a la propuesta elevada por Unidas Podemos. Los populares han argumentado su voto en las críticas a la Policía Local realizadas por Vanessa Romero, concejala de la coalición de izquierdas, quien ha señalado: "No se puede permitir que unos pocos manchen la imagen del 99% de la Policía Local de Alicante". Estas palabras se han escuchado tras la intervención de la presidenta de la asociación de mujeres senegalesas Talatay Nder, quien ha detallado supuestos abusos policiales de agentes alicantinos. "Hemos tenido que escuchar supuestas vulneraciones de derechos fundamentales. No hay ninguna condena, ni procesamiento. ¿Oficina de odio? ¿Existe esa problemática en Alicante? Dar es imagen no responde a la realidad. La Policía Local de Alicante es ejemplar", ha señalado el alcalde, Luis Barcala.

En el tramo final de la sesión, todos los grupos políticos presentes en el pleno del Ayuntamiento de Alicante han suscrito una declaración institucional por la que respaldan que la ciudad de Alicante dedique una escultura "a las víctimas del covid-19 y al comportamiento ejemplar que han tenido los vecinos de la ciudad durante los días más difíciles de la pandemia". La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en el pleno ordinario.

Además, el pleno del Ayuntamiento de Alicante ha acordado solicitar a la Generalitat la puesta en marcha de una "conexión regular y diaria entre la isla de Tabarca y la península, que atienda las peticiones de movilidad de los vecinos y contribuya al desarrollo económico del enclave favoreciendo la desestacionalización del turismo autóctono, la apertura de comercios y el aumento de la población". En una declaración institucional elevada al pleno por el equipo de gobierno (PP y C's) y que ha sido aprobada con los votos a favor de Popular, PSOE, Ciudadanos y Vox, y con la abstención de Unidas Podemos y Compromís, "se reclama el cumplimiento de la resolución de las Cortes Valencianas en este sentido aprobada el 11 de junio de 2018 y que hasta la fecha no se ha cumplido por parte del Gobierno valenciano que exigía tres conexiones diarias", según el equipo de gobierno.