Suscríbete BLACK WEEK

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La Fiscalía pide otro volcado de las escuchas del PGOU

Los fiscales Anticorrupción plantean que la nueva descarga no sería necesaria si se rechaza por extemporáneo el informe de los socios de Salvetti

Los fiscales Anticorrupción Felipe Briones (dcha) y Pablo Romero en una imagen de archivo. ANTONIO AMORÓS

Los fiscales Anticorrupción Felipe Briones (dcha) y Pablo Romero en una imagen de archivo. ANTONIO AMORÓS

Con el objeto de disipar cualquier duda sobre la autenticidad de las escuchas en las que se apoyan las acusaciones del proceso por los supuestos amaños del PGOU de Alicante, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al tribunal que juzga el caso que rechace el informe presentado por una de las defensas en el que se cuestiona la legalidad de los pinchazos o que, de no ser así, se proceda a un nuevo volcado de las conversaciones. Casi 50.000 conexiones interceptadas en los terminales del empresario Enrique Ortiz y de su mujer a lo largo de tres años. El promotor está acusado junto a los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros, de dar regalos a los políticos a cambio de datos de reservados de planeamiento.

Los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero se han dirigido a la sala en un escrito en el que tachan de extemporáneo el informe pericial encargado por la defensa de un hermano de Castedo y de su socio en el bufete Salvetti, también encausados, que concluye que los pinchazos no tendrían valor probatorio por los «graves defectos» detectados en su recorrido. El estudio cita entre ellos la falta de sello o firma electrónica que avale lo recogido en los 13 DVD donde se grabaron las charlas intervenidas a través del SITEL (Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones).

Los acusadores públicos citan una circular de la Fiscalía General para defender que «ni el derecho a la presunción de inocencia ni el principio in dubio pro reo puede llegar a significar que, salvo que se acredite lo contrario, las actuaciones de las autoridades son, en principio, ilícitas o ilegítimas». Y se apoyan en la doctrina del Supremo al afirmar que «el mero hecho de que falte la firma electrónica no puede entrañar necesariamente la nulidad (...) pues ni esa firma garantiza de por sí la autenticidad e integridad de los soportes informáticos ni su ausencia permite concluir que han sido manipulados o alterados».

Además, los fiscales no le ven cabida a la pericial en este momento del proceso cuando hasta ahora «no se ha realizado ninguna impugnación pese a haber tenido la posibilidad de realizarla desde noviembre de 2011» y haberse practicado diligencias basadas en estas escuchas. Tal es el caso de las declaraciones que la exregidora prestó durante varias jornadas en el Tribunal Superior de Justicia, dada su condición de aforada como diputada autonómica. Unos testimonios «en el transcurso de los cuales se reproducía la audición de las escuchas que ahora se cuestionan» sin que se impugnaran ni entonces ni cuando la sala requirió hace unos meses a las partes que minutaran las grabaciones que querían que se reprodujeran en la vista oral, concretan.

Si el tribunal no estimara estos argumentos y acabara accediendo a la incorporación del informe, los fiscales piden entonces que se proceda a un nuevo volcado de las casi 50.000 conversaciones interceptadas «en un soporte apto para su reproducción en el acto del juicio oral». Una diligencia cuya práctica afectaría al desarrollo del juicio, cuya suspensión por este motivo reclaman los acusadores. De no atenderse la petición «se produciría una vulneración del derecho de defensa de la acusación pública», precisan. Y vuelven a apoyarse en otra resolución del alto tribunal para recalcar que «avala la posibilidad de realizar el volcado propuesto puesto que, a haberse hecho en este trámite la impugnación de la autenticidad de ciertos CD, en estos casos la ley contempla la posibilidad de llevar a los autos el original, copia o certificación del documento con los requisitos necesarios para que surta los efectos probatorios».

Los representantes de Anticorrupción reclaman también que se oficie a la subdirección general de Logística de la Policía Nacional, de donde depende el servicio SITEL, «a fin de que designe un funcionario con conocimientos específicos sobre el funcionamiento de este sistema, así como de las garantías del sellado de los archivos que genera y son almacenados, para que, como perito, ilustre a la sala (...) en aras de facilitar la labor del tribunal durante la audición de las conversaciones». Ni el tribunal ni el resto de las partes se han pronunciado aún al respecto.

Para continuar leyendo, suscríbete al acceso de contenidos web

¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión aquí

Y para los que quieren más, nuestras otras opciones de suscripción

Compartir el artículo

stats