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La cuarta vía

El cerco a la enseñanza concertada o crear problemas donde no los ha habido nunca

Un alumno de un centro concertado revisa un panel en su colegio.

Un alumno de un centro concertado revisa un panel en su colegio. RAFA ARJONES

La primera vez que acudí a la reunión del inicio de curso en el colegio concertado en el que han estudiado mis dos hijos en Alicante me quedé de piedra. Yo había estudiado en un centro de la misma orden religiosa en mi Bilbao natal entre mediados de los setenta y principios de los ochenta del siglo XX, en el tramo final de la dictadura de Franco. Esos años en los que para algunos de nuestros padres de la patria la Iglesia mandaba mucho. Pues mi colegio era privado y, por ello, se pagaba íntegramente. La reunión se produjo en septiembre de 2001, y me quedé de piedra cuando el rector del colegio, un cura que acabaría después de misionero (algún día les tendría que contar a labor de esa gente por boca de mi amigo Jon, pero esa es otra historia), nos soltó a los doscientos padres que allí estábamos algo así como que para que nuestros hijos no pasaran frío iban a instalar calefacción en el centro, y que la factura habría que asumirla entre todos, colegio y familias. Vaya con el concertado, pensé. Colegio el que entró mi hijo por el punto que le dieron al ser su padre exalumno (privilegio ya desaparecido), y que nos llevó a mi mujer y a mí a cambiar de casa para que nuestra dirección se ajustara a los criterios de proximidad que marcaba la Conselleria de Educación, la misma que no tenía dinero para instalarle la calefacción pese a tener un convenio de colaboración para poder utilizar sus aulas.

Veinte años después mi relación con el colegio acaba esta semana con la despedida de mi hija pequeña tras finalizar Bachiller. Balance: satisfacción plena. Ni a mis hijos les han salido sarpullidos por haber rezado algún «padrenuestro» como el resto de sus compañeros, ni han recibido consignas contra nadie, han tenido profesores de toda ideología, y en el centro ha habido familias de todo tipo, pudientes y más modestas. ¿Y saben qué? En sus grupos de amigos -ya antiguos alumnos- los hay que votan al PP, Podemos o Ciudadanos (al PSOE menos), cada uno tiene su pensamiento, y no les impide hacer mil y un planes juntos cada vez que pueden. Y es que, aludiendo precisamente a esa heterogenia, algunas de esas familias más modestas fueron las que más sufrieron en sus carnes la decisión tomada por el Consell hace un par de años, cuando eliminó la ayuda económica a las aulas de Bachiller en centros concertados, convirtiéndolas en privadas, disparando por tanto el recibo y provocando que muchos alumnos tuvieran que dejar los colegios en los que habían entrado con tres años por no poder pagar el nuevo recibo. ¿Quién iba a pensar que cambiarían las reglas del juego a mitad de la partida?

Me ha venido a la cabeza la historia de la calefacción después de conocer en los últimos días la penúltima andanada del bipartido que gobierna España (aquí el PNV no puede entrar por convicción y porque la mitad de los escolares vascos cursa sus estudios en los mismos colegios concertados en los que se formaron sus dirigentes), que ha excluido a la enseñanza concertada del plan extraordinario de ayudas para tratar de amortiguar los efectos provocados por la ruina que nos ha traído el covid-19. Dos mil millones de euros para la educación pública que, en el caso de la provincia de Alicante, vuelve a poner contras las cuerdas la libertad de los alumnos a elegir centro y la economía de las 50.000 familias que llevan a sus hijos a los más de cien colegios concertados y, por lo tanto, en parte subvencionados por Educación, que paga una parte, solo una parte, de la nómina de los profesores. El concierto lo inventó el PSOE de Felipe González del que ahora parece, por sus hechos, renegar hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros, los suyos, no los de Pablo Iglesias, que será más lógico.

Una decisión acertada para paliar la falta de centros públicos en los años 80 y que ha ahorrado, además, un pastizal a las arcas públicas, pues mientras un alumno de la concertada le cuesta 3.000 euros al año al Estado, el alumno de la Pública -necesaria y también abandonada- le cuesta 6.000 euros, el doble. Pues bien, Isabel Celaá, vasca como Urkullu, sigue la línea marcada por algunos socialistas, no todos, y por Pablo Iglesias, de volver a asfixiar a colegios y familias de la concertada y, encima, tratando de hace creer que las críticas son infundadas y el trato es justo. Algo así como cuando el Ministerio para la Transición Ecológica recorta el trasvase de agua a la provincia, llega menos caudal del Tajo, pero nos dicen que hemos recibido más que nunca. Es decir, encima nos toman por tontos.

Siempre seré un defensor acérrimo de Enseñanza Pública, de la Concertada y de la Privada, porque soy de los que piensa que las familias son libres de elegir el centro en función de sus convicciones o de su bolsillo, pero lo que no se puede consentir son ataques gratuitos y con desprecios hacia las familias. Y, a veces, para cuadrar el círculo, de cargos públicos, e incluso inspectores de la propia Conselleria de Educación, que llevan a sus hijos a esos centros estigmatizados ahora por la Administración que ellos mismos dirigen. Mis padres y dos hermanos han sido profesores de la Pública y la han llevado siempre en la sangre. Por supuesto que hay que mejorarla, pero no triturando el otro modelo.

Solo por las 50.000 familias alicantinas que estos días vuelven a estar de los nervios por las consecuencias del nuevo torpedo lanzado por el Gobierno a los colegios donde dejan, o dejaban hasta que llegó el covid, todas las mañana a sus hijos, el Ejecutivo y el propio Consell debieran reflexionar y, de paso, rebajar la crispación, que los bolsillos no están para afrontar nuevos desembolsos, por mucho que la educación gratuita esté asegurada en los centros públicos pero sin saber muy bien las condiciones. ¿Cuántas aulas siguen siendo barracones? ¿Cuántos barracones extra harán falta este curso para mantener la distancia social? Y el Consell, que quitó la subvención al Bachiller hace dos años la multiplicó para otras aulas de esos mismos colegios en Infantil, con lo cual el problema se enquista.

¿Lo entienden? Por supuesto que el Gobierno que dirige España tras ganarse la confianza ciudadana en las urnas puede organizar la Educación como mejor crea, pero ¿por qué llevar contra las cuerdas algo que ha funcionado bien los últimos 40 años? ¿Por ideología, por principios, por aquello de que España es laica? Esos colegios concertados -y religiosos- repartidos en tantos barrios humildes de la provincia que llegadas las cinco de la tarde, cuando acaban las clases, siguen atendiendo a chavales y chavalas garantizando la merienda a más niños de los que imaginamos. Les ayudan con sus deberes o, simplemente, les atienden hasta que sus padres terminan de trabajar. Y sin preguntarles de dónde vienen o a qué Dios rezan sus familias. Faltaría más. ¿Son los políticos dirigentes conscientes de que eso también es la concertada? Parece que muchos no.

Dejémonos de demagogias y comencemos a mirar los intereses de todos y, sobre todo, de la libertad que deben tener los padres a la hora de elegir el centro para formar a sus hijos porque, Celaá, claro que los hijos son de los padres, que bien cuesta sacarlos adelante. Menos populismo y falso progresismo, menos palabras y más medios, en la pública y en la concertada, que no están los tiempos para tonterías y debates sin fondo.

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