El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que la situación ocurrida en Cataluña deja claro que es el estado de alarma el que permite limitar derechos fundamentales, como la movilidad, y cree que sería posible establecer un estado de alarma circunscrito a una autonomía o comarca determinada.
Puig se ha referido así, en declaraciones a los periodistas recogidas por la agencia EFE, al rechazo por parte de una magistrada de ratificar el endurecimiento del confinamiento en el Segrià (Lleida), al concluir que la Generalitat catalana pretende «eludir» de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno.
«Sabíamos cuál era el marco legal. Y parece que esta primera resolución lo aclara, pero hay que ver como finalmente evoluciona», ha señalado Puig, quien considera que esta decisión deja claro que era «el estado alarma el que garantizaba la restricción de algunos derechos fundamentales de las personas, como la movilidad».
En este sentido, ha dicho que tiene que haber «un instrumento jurídico potente para poder limitar» esa movilidad, y ha considerado que debe producirse «una buena relación entre las comunidades y el Gobierno «para tomar una decisión legal en este caso».
«Es posible que haya un estado de alarma circunscrito a una comunidad autónoma o comarca determinada y creo que eso es lo que habría que instrumentar», ha manifestado Puig, quien ha señalado que el Gobierno dijo que eso se podía hacer, pero es necesario, a su juicio, «definir bien cuál es la respuesta y qué instrumento hay que llevar a cabo».
Ha considerado que «lo único que se podía hacer -en el caso del Segrià- era lo que hizo la Generalitat y que ha sido suspendido por el juzgado». «Siempre hemos pensado y defendido que el estado de alarma era el instrumento legal adecuado para esa limitación de derechos», ha señalado Puig, quien ha dicho que si es necesario volver a situaciones de confinamiento, «parece que será necesario volver a situaciones relacionadas con el estado de alarma». Respecto al uso obligatorio de las mascarillas, Puig, ha asegurado que no se cuestiona el uso de la mascarilla, que «es absolutamente necesario», y ha considerado que «más allá de que se vaya a una obligatoriedad normativizada», lo que debe existir es responsabilidad por parte de todos. Puig ha afirmado que no se puede poner «a una persona vigilando permanentemente lo que hace cada ciudadano», y por ello ha apelado a la responsabilidad «concéntrica» y de «cada uno de nosotros».
El presidente ha respondido así al ser preguntado si la Generalitat se plantea hacer obligatorio el uso de la mascarilla, después de que comunidades de su entorno, como Cataluña, Aragón, Baleares y Murcia, lo hayan impuesto ante el aumento de rebrotes de covid-19. «Si no hay distancia social es necesario el uso de la mascarilla», ha manifestado el presidente, quien también ha señalado que en el transcurso de estos días «se pueden tomar decisiones», algo que dependerá de cómo evolucione la pandemia. Ha asegurado que la mascarilla «es uno de los instrumentos más eficaces para no proseguir en la transmisión pandémica», y ha señalado que «más allá de que se vaya a una obligatoriedad normativizada, lo que debe existir es una voluntad individual de ayudar a luchar contra la pandemia». Preguntado por las medidas anticovid anunciadas la semana pasada por Sanidad y pospuestas tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, Puig ha dicho que se tomarán decisiones en los próximos días, en función de la evolución de la pandemia. Ha señalado que las medidas anunciadas se consideraron oportunas, pero están sometidas a la realidad de los hechos y a la evolución del coronavirus. Puig ha reconocido que hay autonomías que tienen «aforos más altos» que la Comunidad, pero ha insistido en que las decisiones se toman «en función del interés general, de lo que dictamine Salud Pública y de la realidad económica de la Comunitat».
