La organización agraria Asaja-Alicante, Jóvenes Agricultores, ha reclamado al Gobierno la marcha atrás inmediata de la decisión de recortar el trasvase Tajo-Segura modificando las reglas de explotación, tal como tiene decidido el Ministerio para la Transición Ecológica, sin esperar, siquiera, a que terminen de redactarse los nuevos planes de cuenca del Tajo y el Segura, donde debe fijarse la disponibilidad de agua. Jóvenes Agricultores ya mostró su total rechazo a rebajar de 38 a 27 hectómetros cúbicos el volumen de los trasvases en el nivel 2, contemplado en un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) solicitado durante el confinamiento, pero la Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo-Segura lo acaba de aprobar mediante reunión telemática.

Por lo tanto, esta medida, según Jóvenes Agricultores, que "supone robar 11.000 millones de litros del sureste peninsular", se está tratando de imponer de manera unilateral y denota falta de transparencia en la gestión pública. Por si fuera poco, "quieren sustituir la rebaja en los aportes por el agua desalada, recurriendo una vez más a las bravas con la temida y rechazada cláusula Narbona, con la que llevan más de 15 años insistiendo para hacer negocio, pero que es inviable para la agricultura. Ante esta situación tan lamentable", apunta la organización agraria en un comunidado.

Asaja exige al presidente del Consell, Ximo Puig, contundencia, "que defienda su territorio y a sus habitantes, que se reúna de manera inmediata con la ministra de Transición Ecológica para que entre en razón y que se ponga a trabajar con los abogados y servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana en la defensa del mantenimiento de las reglas que regulan el trasvase".

La Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo-Segura ha aprobado al informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que rebaja de 38 a 27 hectómetros cúbicos el volumen de los aportes en el nivel 2. Asaja-Alicante, Jóvenes Agricultores, denuncia que esta medida, que supone el recorte de 11.000 millones de litros de agua, perjudica seriamente a los agricultores, que "han estado trabajando sin parar durante el confinamiento para garantizar el abastecimiento de frutas y hortalizas frescas para toda España y la Unión Europea, y se adoptarán las medidas necesarias, como organizar protestas en plena calle, si no dan marcha atrás y vuelven a la lógica y la razón en la gestión hídrica".

Asaja lamenta que esta medida se está imponiendo de forma unilateral por videoconferencia y sin consultar con los regantes y los principales afectados, que son los agricultores de Alicante, Murcia y Almería, ya que mientras los municipios ribereños tienen voz en la Comisión de Explotación del Tajo Segura, "no constamos los productores de frutas y hortalizas, ni los regantes del sureste" en este mismo órgano de decisión sobre los volúmenes y caudales que procede trasvasar. "Ni siquiera nos escuchan a los principales perjudicados, los agricultores y pretenden que nos comamos un recorte de 11 hm3 de agua. Somos esenciales y nos aplican una medida bárbara, intolerable,€ ¿Se comprende esto? ¿Un Gobierno da representación a unos y se la quita a los otros? ¿Hay en este tipo de conducta algún ápice de justicia, equidad o ecuanimidad? ", subraya el presidente Eladio Aniorte.

Mientras, el Gobierno ya ha anunciado que empezará a elaborar la modificación del decreto en el que se recogerá la reducción de los aportes, Alicante Jóvenes Agricultores denuncia la falta de transparencia absoluta que está habiendo en la aplicación de esta medida, como demuestra el hecho de que el informe del Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) se encargó en pleno confinamiento y se ha aprobado en una reunión telemática, cuando todo el resto del mundo ajeno a la política ya está trabajando, aprovechando un momento de fragilidad social y económica. "Por si fuera poco, el informe se lo piden a un organismo que es competente en obras públicas, pero no en materia hídrica", denuncia Aniorte.

ASAJA Alicante exige que se haga cumplir la Ley del Memorándum, con la que, "como hemos reiterado en numerosas ocasiones, nunca hemos estado de acuerdo, porque supone una losa , ya que aumentó la línea roja de las reservas en los embalses de cabecera de 240 a 400 hectómetros para poder trasvasar, penalizándonos en numerosas ocasiones, pero ya la hemos aceptado y acatado. Exigimos al menos que el Ministerio de Transición Ecológica abandone actitudes propias de una falta de gobernanza, ausencia de planificación técnica, y que en vez de recurrir al decretazo, las soluciones temporales adoptadas siempre con carácter de urgencia, si quieren modificarse las normas, se haga de forma seria y, como mínimo, se alcance el mismo consenso y acuerdo que el que hubo con la firma del Memorándum del Trasvase Tajo - Segura que aceptaron cuatro comunidades autónomas (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia)".

Asaja considera que esta rebaja en el nivel 2 es agua que nos están robando al sureste peninsular, "por lo que exigimos que como hace el presidente de Gobierno de Castilla la Mancha, el socialista Ximo Puig también defienda su territorio, sus sectores económicos y sus recursos. Le pedimos que de inmediato se reúna con la ministra Teresa Ribera y le haga entrar en razón. Del trasvase Tajo-Segura dependen 140.000 empleos, aporta al PIB más de 2.600 millones de euros. ¿Qué va a pasar si nos quedamos sin ellos, sumado más graves problemas a los problemas que estamos viviendo? La desertización. España pasará de ser la huerta de Europa a convertirse en un Sáhara más".

Asaja Alicante considera que el presidente de la Generalitat Valenciana se está poniendo "de perfil" y reclama más contundencia y firmeza en la defensa del Tajo Segura, recurriendo a todos los medios necesarios para defenderlo de forma efectiva como son sus servicios jurídicos.