La Diputación de Alicante comenzará a financiar el próximo año los servicios sociales en entre el 70% y el 100% de los municipios alicantinos menores de 10.000 habitantes y la Generalitat valenciana se hará cargo del resto.
Así se acordó ayer durante la firma, por parte del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, de la declaración institucional de colaboración para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos. El acuerdo, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2021, debe ser ratificado por los plenos de la Diputación y las Cortes Valenciana, por el que se reorganizan los servicios sociales de la provincia de Alicante.
Con la rúbrica de ayer se inicia la esperada cesión a la Generalitat Valenciana de las competencias en servicios sociales que aún asume la Diputación de Alicante a través del servicio de teleasistencia, el psiquiátrico Doctor Esquerdo y el Hogar Provincial de Alicante.
El calendario marcado por ambas instituciones fija cuatro fases y será la teleasistencia la primera en ser transferida en parte a la Conselleria de Igualdad a finales de este año, según detallaron ayer Carlos Mazón y Mónica Oltra tras la firma del acuerdo. Una vez liberada la institución provincial de este servicio, «se reordenarán las ayudas» para concretar qué cifra de entre 70% y el 100% de los municipios de menos de 10.000 habitantes financiará la Diputación. Progresivamente, a medida que la Generalitat Valenciana asuma las competencias «impropias» de la Diputación de Alicante, se irá incrementando la ratio de los habitantes hasta llegar a los municipios de 20.000, que es lo que marca la ley como competencia de la institución provincial.
El acuerdo implica principalmente a los equipos profesionales de Atención Primaria básica y específica, ha indicado Oltra. El acuerdo estipula también que los equipos de asistencia social se financiarán en plazos de cuatro años para garantizar la estabilidad de las plantillas, frente a la renovación anual que se da en la actualidad «y que provoca que en algunos casos se tenga que despedir a la plantilla a comienzos de años hasta que estén los contratos cuatro o cinco meses más tarde».
El Hogar Provincial, el último
El Hogar Provincial será el último recurso en pasar de la institución provincial a manos de la Generalitat Valenciana. Un trámite para que el ambas instituciones prefieren no marcar plazos muy ajustados. «Me doy por satisfecho si acabamos la legislatura con el tema del Hogar Provincial enfocado», aseguró Mazón, quien prefiere «abordar bien el asunto y no con parches». «No pasa nada por tardar dos años o tres cuando llevamos esperando 40 años», zanjó el presidente de la institución provincial.
Tanto Carlos Mazón como Mónica Oltra calificaron la firma de ayer de histórica. «Se trata de una firma muy buscada y un claro ejemplo de que la voluntad se puede convertir en un hecho», destacó Mazón, quien apuntó que «el reconocimiento de la existencia de una realidad diferenciada» en materia social en la Diputación de Alicante ha permitido avanzar «para asumir nuestro compromiso, que es el de mantener en la institución provincial un gasto social».
«Hoy lo que suscribimos es un acuerdo, que deberá ser aprobado por los plenos de ambas administraciones, para elevar a rango jurídico, y la asunción por parte de la Conselleria de las competencias sociales impropias de la Diputación y por parte de la institución provincial el compromiso de mantener, e incluso incrementar, el gasto social que ya venimos destinando en este ámbito», precisó el dirigente alicantino.
Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, destacó «la voluntad política» de ambas partes para ordenar los servicios sociales «y solucionar un tema que se arrastra desde hace tres décadas». «Me parece importantísimo el paso que estamos dando, es un paso histórico», indicó Oltra. Según la vicepresidenta, la nueva Ley de Servicios Sociales es garantizar que todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, residan donde residan, tengan el mismo sistema de derechos.
La consellera ha especificado que, en los últimos cinco años, los servicios sociales han pasado de tener «152 profesionales a 875 en la provincia de Alicante». De esta forma, el área social «se acerca a las ratios de Sanidad y Educación», con lo que, ha sostenido, queda «dignificada y reforzada».
