Tras la era de la impunidad a gran escala, la corrupción de la Comunidad Valenciana se ha refugiado en los ayuntamientos. Es una de las conclusiones que se extraen de la memoria de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) de 2019, donde se recoge que la inmensa mayoría de las denuncias de posibles casos de corrupción y fraude llegadas al organismo refieren irregularidades en el ámbito de las entidades locales. Alicante sigue esta tendencia: el 77,8% de las alertas remitidas desde la provincia a esta entidad creada en 2017 para combatir el fraude en la gestión pública partieron de instancias municipales, según información facilitada por la agencia.
La información que publica la AVAF está anonimizada, por lo que no se puede identificar ni la localidad ni ningún dato que pueda revelar la identidad de los implicados, ya sean infractores o denunciantes, hasta que se resuelva cada expediente. Los alertadores, o «whistleblowers», son la principal fuente informativa de la AVAF, segunda entidad de esta naturaleza del país y pionera en la protección integral de los denunciantes. Dependiente de las Cortes y ubicada estratégicamente en el hueco que queda entre los servicios de intervención de ayuntamientos, consellerias y otros organismos y las instancias judiciales, vigila toda la administración mediante alertas de colaboradores internos que voluntariamente ponen en su conocimiento posibles ilícitos.
Si la denuncia, que puede ser enviada por distintos canales en función del grado de anonimato deseado por la fuente, contiene materia delictiva, las investigaciones llegan documentadas a los fiscales o al Tribunal de Cuentas. Además, la AVAF puede imponer sanciones de su exclusiva competencia, que oscilan entre el escarnio público con la difusión de las irregularidades y los infractores en el Diario Oficial de la Generalitat y multas de hasta 400.000 euros. «La agencia es un instrumento legalmente muy potente que no ha tenido precedente en España. No solo tiene funciones de investigación y prevención de delitos y protección de testigos, sino también potestad sancionadora», explica Teresa Clemente, directora de Asuntos Jurídicos de la AVAF. Los motivos que pueden ser objeto de sanción «son distintos a los de ayuntamientos u otras administraciones», según la directora de Jurídico, ya que, continúa, «podemos imponerlas cuando se causa daño al denunciante o por entorpecimiento o falta de colaboración» durante el esclarecimiento de los expedientes.
Datos
Alicante concentró en 2019 el 23% de las nuevas entradas de casos, un total de 168 denuncias procedentes de administraciones territoriales alicantinas, de Valencia (49%), Castellón (10,1%) y organismos de la Generalitat (17,2%). De esos 40 expedientes, 31 informaban de irregularidades en consistorios, mientras que las nueve investigaciones restantes abordaron dos posibles casos en la Diputación, otros dos en el ámbito de la administración de la Generalitat, tres relativos a los registros de viviendas particulares que gestiona la administración autonómica y otros dos de tipo empresarial: uno en el Puerto de Alicante y otro en una empresa de participación pública.
Por materias, el 60% de las denuncias en Alicante se repartieron a partes iguales entre procesos de selección de personal y operaciones en el área de Urbanismo y Medio Ambiente, con 12 expedientes por cada área. Los procedimientos de contratación generaron seis investigaciones y el resto se repartió entre otras áreas.
Durante 2019, tercer año de funcionamiento de la AVAF, la mayor parte de las entradas de casos desde Alicante se produjo por la vía telemática confidencial, denominada Bústia. El 77% de ellos llegó por esta vía telemática que utiliza el salto de servidores de la deep web para cifrar la identidad del emisor.
En lo que va de 2020, más del 80% de las alertas han utilizado este mecanismo. «Antes de abrir un expediente, lo que hacemos es emitir un informe previo de verosimilitud. Ahí no analizamos el fondo del asunto sino la posibilidad de que sea real», aclara Gustavo Segura, director de Análisis e Investigación en este organismo donde trabajan 50 personas, la mayoría funcionarios. «Somos como ellos», sostiene Clemente, en referencia a los denunciantes. La mitad de los 21 alertadores protegidos por la AVAF en 2019 son de Alicante.
Policía Local. El reclutamiento es el proceso más corrupto
Son limítrofes, pero hay un mundo entre lo irregular y lo delictivo. La AVAF, compuesta por personal experto en gestión pública, es muy consciente de ello. Aunque el 90% de las alertas son veraces, no son muchas las que llegan a enjuiciarse. Una gran parte se cierran como un caso de malas prácticas y con recomendaciones a los responsables. «Un 30% del presupuesto público se gestiona con expedientes extrajudiciales de crédito, es decir, son prestaciones sin contrato regularizado», explica el director de Investigación. Es una irregularidad tras la que puede haber un simple pago de urgencia de una factura con el contrato de abastecimiento caducado, pero «el mismo sistema puede utilizarse para pagar precios por encima de mercado a un familiar», aclara Segura sobre lo que ya es un hecho claramente delictivo. También es demasiado frecuente la manipulación de procesos de contratación de personal, también ilegal. «En personal, el ámbito mas conflictivo es Policía Local. El 70% de estas denuncias va referida a los procesos de selección, lo que nos debería hacer reflexionar», añade el director de Investigación.
