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El Consell detecta más deficiencias en la gestión de la planta de residuos de la construcción en la partida de Fontcalent

Ecologistas en Acción exige al Ayuntamiento que detenga la actividad para que la zona no se convierta en un vertedero

Imagen de la zona de la partida de Fontcalent donde se ubica la planta de tratamiento. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha ampliado las diligencias de investigación y sancionadoras en la denuncia presentada en un juzgado de Alicante en relación con la gestión de residuos de construcción y demolición de la mercantil que gestiona una planta de tratamiento de residuos de la construcción en la partida alicantina de Fontcalent. La Conselleria subraya que la empresa carece de autorización para almacenar residuos de obra y construcción en la zona, como señalan también las medidas cautelares de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que requiere a la mercantil el fin de la actividad. De momento se mantiene la actividad porque todo está recurrido y el Ayuntamiento de Alicante tampoco ha dado respuesta a la empresa, por lo que la mercantil interpreta que hay permiso por silencio administrativo.

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a través de escritos remitidos el 13 y 14 de julio, y ha anunciado que no descarta acciones adicionales para acabar con el almacenamiento de residuos.

La Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha abierto expedientes sancionadores, que la empresa ha recurrido. A este respecto, el Ayuntamiento de Alicante también tiene varias causas pendientes con la mencionada mercantil, que tiene además una denuncia por desobediencia por retirar en varias ocasiones el precinto colocado por los funcionarios públicos sobre la actividad.

Por su parte, Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, denuncia que «la situación empieza a ser escandalosa porque nadie hace nada y las montañas de escombros amenazan ya hasta a algunas casas sin que ni la Generalitat ni el Ayuntamiento hagan nada. Parece que han dejado la resolución del caso a lo que dicte el juez que investiga el asunto y que llegará cuando llegará. El fallo seguro que será en contra de la empresa, que desparecerá y aquello quedará como un vertedero de escombros. No entendemos cómo se sigue permitiendo ese atropello ambiental».

La polémica viene ya del año pasado. La Concejalía de Urbanismo formalizó hace un año, en julio, una denuncia contra la empresa en la Fiscalía por desobediencia. Y la Policía Local volvió a precintar el lugar. Además, el concejal Adrián Santos anunció que se abriría un expediente sancionador para que se paralice la actividad hasta que se resuelva la licencia. Una empresa anterior había obtenido la Declaración de Interés Comunitario en la conselleria de Medio Ambiente y la traspasó a la firma actual, pero la administración autonómica no la hizo caducar. Así, según el Ayuntamiento, la Policía Local toma acta de todos los movimientos que se están realizando para adjuntarlos a la denuncia. Los vecinos aseguran que la empresa rompe los precintos y sigue trabajando. El tráfico de camiones entrando y saliendo es diario.

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