El Gobierno de Castilla-La Mancha vuelve a intentarlo y ha ordenado a sus servicios jurídicos la redacción de una ley autonómica que le permita tener derecho de veto para frenar o eliminar los trasvases de agua del Tajo a Alicante y Murcia. Según la normativa que pretenden sacar adelante, la Comisión de Explotación del Tajo-Segurar tendrá que consultarle antes de decidir el caudal que se aprobará enviar mensualmente en función de las reservas y aunque éstas superen la línea roja de los 400 hm3 a partir del cual se cierra el grifo. Castilla-La Mancha quiere así saltarse lo establecido en el «memorándum» del Tajo y tiene prisa, porque pretende aprovechar para ello los tres meses en los que va a estar cerrado el trasvase por la necesidad de reparar las fugas en el embalse regulador de La Bujeda. Un intento más de acabar con la transferencia de agua de la que dependen 50.000 hectáreas de cultivos en la provincia y mil millones de euros de movimiento económico, y que se suma a la decisión del propio Ministerio para la Transición Ecológica de modificar las reglas de explotación para enviar menos agua en el trasvase mensual máximo. En concreto, de 38 hm³ a 27 hm³. Los regantes alicantinos recuerdan, por su parte, que el movimiento del gobierno castellano-manchego es ilegal y vulnera la Constitución, ya que contradice el artículo 149, punto 22. «Cuando el agua de los ríos circula por más de una autonomía es competencia del Estado», subraya Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique. Afirmación que contrasta, no obstante, con la propia realidad el Tajo, un río cuyo caudal llega a Alicante de manera artificial.
La guerra del agua vuelve a estar, por lo tanto, abierta y ha dado también aire los políticos de guardia en este agosto para tratar de mostrar músculo. Caso del portavoz del PP del agua en las Cortes, José Císcar, que esta semana instaba al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a que dejara claro a su homólogo castellano-manchego y compañero de partido, Emiliano García-Page, que el Tajo-Segura «no se toca». Por su parte, Rosa Guillén secretaria de Política de Agua de la Comisión Ejecutiva Nacional, trataba de lanzar un mensaje de tranquilidad, recordando al gobierno de Castilla-La Mancha sobre la legalidad del trasvase hay poco que discutir.
Lo cierto es que si nos atenemos a los hechos hay dos flecos claros que no invitan al optimismo, ni aunque se pueda parar los efectos de esa ley prepara Castilla-La Mancha. Por una parte, poca o mucha, del Tajo sigue llegando agua y este año, en concreto, el Gobierno ha cumplido escrupulosamente, sólo faltaba no obstante, con la legalidad.
Pero hablamos de un Ejecutivo, en concreto el Ministerio para la Transición Ecológica, declarado antitrasvasista, aunque en julio nos sorprendiera enviando agua del Ebro a Cantabria, a la llamada España húmeda, mientras sigue negando la del Júcar para las comarcas del Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa. La vicepresidenta Teresa Ribera lo tiene claro y por muchas buenas palabras que lleguen desde sus compañeros del PSPV, nadie puede dudar de que el Tajo-Segura está amenazado y el Júcar-Vinalopó muerto.
