La Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) pretende que la justicia tumbe la resolución a nivel autonómico que impide la apertura de pubs y discotecas y que, además, limita el horario de apertura de los locales de hostelería y restauración como medida para luchar contra el aumento de casos de covid en la Comunidad Valenciana.
La asociación que aglutina al sector del ocio nocturno de la capital alicantina reclama al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la suspensión cautelar de la resolución de la Conselleria de Sanidad que impide la apertura de las discotecas y pubs desde este lunes y que, además, obliga a adelantar a la 1 de la madrugada el cierre de los locales de hostelería y restauración, que podían abrir hasta las 2.30 horas durante el verano en la ciudad de Alicante. «Hemos solicitado, con carácter de urgencia, la medida cautelar provisionalísima de la suspensión de la ejecución de las medidas», explicó ayer el presidente de la asociación, Francisco Javier Galdeano.
En el escrito registrado ayer, Alroa defiende la necesidad de la suspensión cautelar, alegando que de «anularse la resolución recurrida, resultaría extremadamente difícil concretar los daños a efectos de solicitar una indemnización de la Administración por mal funcionamiento, por lo que resulta de vital importancia que se proceda a la apertura inmediata de los locales y a que se anulen las limitaciones en cuanto a las distancias y horario de cierre». Y es que según la asociación que agrupa a locales de ocio de Alicante, la ejecución de las medidas «produce unos daños de reparación difícil e incluso imposible, tanto es así que de prosperar el recurso y estimar la pretensión de nulidad de las medidas de esta parte, la situación jurídica de la mayoría de los locales no se vería afectada por la resolución judicial, ya que de no poder reabrir sus negocios por imposibilidad de subsistir, el acto impugnado habría sido agotado y terminados sus efectos, y por tanto, la resolución judicial se convertiría en una mera declaración de intenciones».
Según Alroa, las medidas decretadas por el Botànic «no son necesarias, idóneas ni proporcionadas, ni pueden extenderse sin más a todo el territorio autonómico, porque la situación de la comunidad autónoma no es uniforme ni ahora ni en ningún momento de las últimas semanas».
Cuestionada por las intenciones del sector del ocio y de la hostelería de recurrir a los tribunales para tumbar la resolución autonómica, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se limitó ayer a reconocer que es una vía abierta. «Los empresarios afectados están en su derecho de ejercitar las acciones legales que consideren oportunas. Serán los tribunales los que decidan», señaló ayer Bravo en una visita a Alicante, junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló.
