El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha interpuesto una demanda contra la Conselleria de Sanidad "por vulneración de derechos fundamentales por infracción del Derecho de Libertad Sindical, Derecho de Huelga y Derecho de Negociación Colectiva del comité de huelga nombrado por el Sindicato Médico" en la huelga que mantiene desde el 21 de julio el personal laboral Medico en Formación (MIR) de la Comunidad.

Según un comunicado del Sindicato Médico, en la demanda solicitan que se declare que "la ausencia de negociación por parte de la Conselleria vulnera dichos derechos" y que se condene a la Administración a "convocar cuantas mesas de negociación sean necesarias para la consecución del acuerdo de buena fe, que ponga fin a la convocatoria de huelga". En caso de no llegar a un acuerdo, piden que se aplique un arbitraje.

Precisamente ayer, durante la visita de la consellera Ana Barceló al hospital de campaña dentro del recinto del Hospital General de Alicante, Cristian Herrera, miembro del comité de huelga, habló con la responsable de Sanidad para tratar de arrancarle un compromiso para reunirse.

"La consellera no conoce la diferencia entre comité de huelga y comité de empresa. Al comité de huelga no nos conoce. Las negociaciones están paralizadas y queremos retomarlas para resolver el conflicto laboral cuanto antes, pero si no hay disposición por parte de la conselleria es muy difícil conseguirlo", lamentó.

"Estamos esperando una reunión que no llega desde hace más de tres semanas. Tenemos muchos problemas. Los residentes tenemos un contrato asistencial y formativo, pero la parte formativa brilla por su ausencia. Tenemos una jornada de trabajo maratoniana, hacemos de 5 a 7 guardias al mes acumulando 60 horas semanales de trabajo. O sea, explotación laboral", explicó Herrera.

"Queremos recuperar la dignidad del colectivo médico", añadió. "Con el comité de huelga sólo se ha reunido una vez, con quienes se ha reunido más veces es con el comité de empresa de Valencia, por eso quería explicarle el malentendido", afirmó el médico residente.

El sindicato también solicita que la Administración "sea condenada a indemnizar por los daños y perjuicios que está irrogando al Sindicato y al colectivo que representa por la vulneración de los derechos fundamentales invocados y en concepto de daño moral, a la suma de 30.000 euros. Además le deberán ser impuestas las costas procesales por su temeridad y mala fe", finaliza el comunicado.