Cuando se ocupa una vivienda que se trata de la residencia habitual o segunda residencia del propietario existe un delito de allanamiento de morada y el desalojo de los ocupantes es «casi inmediato», según explicaba esta semana el portavoz de la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia en una publicación de Twitter que fue compartida por miles de usuarios de la red social. Sin embargo, aseveró que «llegan a los juzgados bastantes más casos de ocupaciones de viviendas vacías o que no son morada. La gran mayoría de ellas son propiedad de bancos y otras entidades. Pero también las hay de particulares, que reclaman legítimamente recuperar la posesión», explicaba Bosch en una de sus publicaciones.
En los casos en los que la vivienda se considera morada, los ocupas incurren en un delito de allanamiento con penas que pueden llegar hasta los cuatro años de prisión en el caso de que se cometa con violencia o intimidación.Otro caso, y es el que se suele eternizar más en los juzgados, es el delito de ocupación pacífica de inmuebles que no son morada. «Hay fábulas sobre que los juzgados no hacen nada en estos casos, pero la realidad es que todas las ocupaciones ilegales acaban con el desalojo de los ocupantes. Es cierto que existen demoras por la sobrecarga de trabajo judicial. Para ir más rápido necesitaríamos más medios, subrayaba el juez.
Control de acceso
Mientras tanto, las empresas que prometen recuperar la vivienda del propietario en pocos días con una factura que suele oscilar entre los 2.500 y los 3.000 euros se multiplican. Jorge Fe, gerente de uno de estos negocios, dice haber realizado 980 operativos en tres años, decenas de ellos en la provincia. «Iniciamos una fase de investigación para ver a qué se dedican los ocupas y cuáles son sus horarios. Intentamos negociar con ellos y si no acceden a dejar la vivienda, montamos un operativo que consiste en un control de acceso con un vigilante de seguridad y personal de apoyo». La estrategia que siguen, explica, pasa por hacer guardia para que todo aquel que salga no pueda volver a entrar. «Sólo nos contratan particulares y pequeñas empresas, no trabajamos para bancos ni para fondos de inversión», asegura el gerente. Salvador Palazón, jefe de otra empresa similar, asegura que en Alicante realiza cada semana cinco o seis operativos, y destaca el crecimiento de trabajo en Orihuela Costa. Solo pueden actuar, asegura, cuando no hay una demanda judicial interpuesta. «No somos matones, tenemos un equipo jurídico, intentamos mediar y todo lo que hacemos es legal», añade.
