«Muchas noches no duermo pensando en que un día venga la policía y nos eche a la calle. Yo quiero pagar un alquiler social, no vivir en un piso por la cara. Me metí aquí porque no había otra salida. Era esto o vivir debajo de un puente. ¿Tú que harías si te vieras sin dinero y con tu familia en la calle?».
Manuel reside en la última planta de un viejo edificio ubicado en una de las humildes barriadas del norte de Alicante. Comparte piso y desvelos con su mujer, uno de sus hijos y su nuera. No tienen título de propiedad ni contrato de alquiler ni permiso para estar allí. Oficialmente son ocupas, aunque su comportamiento difiere mucho del que probablemente reina en buena parte del imaginario colectivo. «Pregunta a cualquier vecino a ver si alguien tiene queja de nosotros. Al contrario. Me ayudan en todo lo que pueden. Saben que somos honrados, buena gente. Yo nunca me hubiera metido en un piso que es de un propietario. Este es de un banco y llevaba años cerrado. Estoy aquí por sobrevivir, no por gusto», afirma convencido.
En realidad Manuel no se llama Manuel, pero prefiere guardar su anonimato y el de su familia. No esconde que vive como ocupa y tampoco cree que esa condición le reste un ápice de dignidad. No se avergüenza de ello. La suerte, dice, nunca le ha sonreído en el plano laboral y lleva años tirando hacia adelante como puede con lo poco que gana recogiendo y vendiendo chatarra a nueve céntimos el kilo o haciendo portes y mudanzas con su destartalada furgoneta. «Sacas para comer y para pequeños gastos. Yo soy ocupa, pero todos los meses pago la cuota de la comunidad de vecinos», puntualiza.
Impagos
Años atrás, hasta 2013, la familia vivía en esa misma zona de la capital provincial aunque en su propia casa. Sus hijos se han criado allí desde que nacieron. «El trabajo empezó a fallar, no podía pagar la hipoteca y el banco me echó. Bueno, nos fuimos nosotros antes de que nos echaran. Yo mismo llevé las llaves del piso al juzgado. No quisieron tenerme de alquiler y me tuve que ir». Pasaron cuatro años malviviendo hacinados en una habitación de casa de un familiar, «pidiendo ayuda para una vivienda en todos los servicios sociales», sin éxito. Cuenta que un día, un conocido les ayudó a instalarse en el piso que es su hogar desde 2017. «Estaba bastante mal, pero hemos pintado paredes, hemos puesto electrodomésticos y muebles. Somos pobres pero no somos mala gente», añade.
Manuel sabe que la mala convivencia puede convertir una comunidad de vecinos en un infierno. Y lo sabe porque, asevera, lo ha vivido él mismo. En su bloque, explica, residían cuatro familias ocupas que no respetaban las mínimas normas de convivencia y el resto de residentes organizó una reunión para intentar echarlos. Cortaron el agua de todo el edificio durante dos semanas hasta que, al final, se marcharon. «Todos se fueron menos nosotros porque los vecinos apoyaron que sigamos aquí», dice orgulloso.
Como esta familia, son cientos las que viven en pisos ocupados en los barrios del norte de Alicante. No existe un registro oficial sobre cuántas personas se encuentran en esta situación, pero los que conocen la zona coinciden en que es una realidad que va a más. Antonio Colomina, presidente de la Asociación de Vecinos de Colonia Requena, está convencido de que más de la mitad de residentes ya viven en casas ocupadas. «Llegan a esa situación porque la asistencia social es casi inexistente. No hay planes para ayudarles a salir adelante y se meten casis siempre a casas de bancos», concluye.
