La facturación de los servicios de playa ha caído más de un 50% con respecto a 2019. Con este dato, que se quedará corto pues en septiembre se prevé que el descenso alcance el 80%, la Asociación Empresarial Playas Costa Blanca lanzó ayer un SOS, pidiendo medidas urgentes para mantener activas las empresas y entre las iniciativas proponía «una drástica reducción del canon», explican desde el colectivo.
«La causa fundamental ha sido la ausencia de turistas extranjeros debido a las restricciones impuestas a los viajes en origen (en forma de cuarentena) que han implantado países como el Reino Unido, uno de los centros emisores más importantes para la Costa Blanca». Los visitantes nacionales han tenido, aseguran, una presencia similar a la de otros años, pero «no han podido suplir la falta de visitantes extranjeros». El resultado ha sido una caída en la facturación.
«Espectacular»
La asociación califica la caída de ingresos de «espectacular» y asegura que va a impedir que «las empresas que prestan sus servicios en primera línea de playa puedan hacer frente a los cánones que los ayuntamientos les han comunicado, ya que se calcularon con unos parámetros que preveían un número de turistas internacionales (los que más gasto realizan) que han quedado muy lejos de cumplirse». La Asociación considera urgente abrir vías de negociación con todas las Administraciones para recudir las tasas notablemente, «una medida imprescindible para mantener vivas las pymes que atienden en los arenales de toda la provincia».
Desplome en septiembre
Además, aseguran, «el inminente desplome de turistas en septiembre, una vez confirmada la imposibilidad de contar con turistas internacionales, va a generar una caída histórica de negocio en septiembre que, junto a las restricciones de ocio nocturno, hacen inviable la prestación de los servicios en muchos puntos de la provincia de Alicante, aunque los plazos de prestación de servicio fijados en los contratos lleguen hasta el último trimestre del ejercicio».
Por ello, los empresarios integrados en la Asociación piden a los ayuntamientos de la provincia que sean sensibles ante esta situación crítica y flexibilicen la fecha de finalización del servicio para que aquellas empresas que tengan una reducción drástica de ingresos puedan dejar de prestarlo sin tener que abonar la cantidad proporcional a este periodo.
Ante la incertidumbre de los próximos meses, los miembros de la Asociación plantean que se limite el canon para el ejercicio 2021, que se facilite la vuelta de los trabajadores a la situación de ERTE en caso de ser necesario por falta de trabajo, y que se arbitre una fórmula legal para ampliar el periodo de concesión un año para recuperar un ejercicio tan negativo como el que están soportando las empresas.
