La ley no acepta los acuerdos vecinales adoptados por videoconferencia, pero tampoco las reuniones de más de 10 personas. Además, la pandemia rebrota y la nueva normalidad dispara también los contagios. Ante esta situación, los administradores de fincas piden parar toda actividad vecinal hasta que la ley se adapte a la nueva realidad.

«¿Cuánta gente vive en tu edificio y cuántos metros tiene tu salón?», pregunta retóricamente el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, Augusto Soler, para ilustrar que es muy difícil celebrar una junta vecinal con garantías de higiene y distancia. Si se multiplica esa situación por las 48.000 reuniones que anualmente se celebran en la provincia, lo que iba a ser un café con pastas y una bronca a cuenta del ascensor se convierte en una bomba biológica. «En Alicante hay mucha tradición de celebrar reuniones de vecinos, por población y por número de segundas residencias, por lo que se duplica la media nacional», explica Soler. En un comunicado, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas pide la suspensión temporal de las reuniones «ante los importantes rebrotes que se están produciendo por la pandemia y para evitar que estas reuniones se conviertan en focos de contagio».

En el presente mes se tienen que celebrar 4.000 juntas vecinales en la provincia, todavía expuestas a la inseguridad jurídica y sanitaria. En todo el país, se producen 100.000 encuentros mensuales, lo que supone 1,2 millones al año. Este colectivo profesional gestiona el 80% de comunidades de propietarios del país, donde el 80% de los ciudadanos vive en comunidades de propietarios.

Propuestas

Es época de reuniones, especialmente en comunidades de playa. «Muchos propietarios que vienen un mes aprovechan para resolver los asuntos de todo el año», considera Soler. Por esta razón los colegiados han lanzado esta campaña en la que piden tanto suspender los encuentros presenciales como prorrogar los cargos de las comunidades. Ambos aplazamientos deberán durar un año «para garantizar el funcionamiento» de las propiedades mientras se acometen las reformas necesarias.

En este sentido, y para garantizar que las decisiones que se tomen tengan validez jurídica, se propone copiar la iniciativa de la Generalitat de Cataluña y copiar la decisión de dar cobertura legal a los acuerdos que se adopten en reuniones telemáticas o videoconferencias. Soler recuerda que la ley de propiedad horizontal «no permite hacer reuniones válidas» por vías distintas a la presencial. Para Salvador Díez, presidente del Consejo, «en Cataluña han comprendido el alcance de este problema y establecido la regulación que pedimos para todo el país».

Aunque algunas comunidades alicantinas logran un precario equilibrio encontrándose en zonas comunes espaciosas como azoteas o piscinas, no todos los edificios ofrecen esta posibilidad. «Si los vecinos hacen la reunión en un estamos generando el mismo problema» de aglomeración de personas, apunta el presidente de los administradores de fincas alicantinos.

Menos piscinas, pero seguras

Cerrada la parte intensa del veraneo, el gremio de administradores puede hacer balance del uso de piscinas comunitarias, una de las grandes preocupaciones de los gestores al final del estado de alarma por las dudas de higiene y seguridad que plantean. En todo el país existen alrededor de 55.000 piscinas comunitarias, según el comunicado del Consejo.

La insistencia con que se exigió a las administraciones una regulación para el uso de estas instalaciones ha dado fruto. Según los datos aportados por este organismo colegiado, la actividad «se ha desarrollado con total normalidad en las piscinas comunitarias gestionadas que se han abierto», apertura que se ha realizado «con la aplicación de todas las medidas que fueron aprobadas durante el estado de alarma y, posteriormente, por las distintas comunidades autónomas», apunta. Sí se ha confirmado que el uso de este servicio ha sido menor que en años anteriores.

El presidente del Consejo explica en el citado texto que «la administración de fincas es una actividad esencial para garantizar que la población tenga la garantía de vivir en las mejores condiciones posibles y recibiendo, adecuadamente, todos los servicios de su comunidad de propietarios. Ha sido y está siendo así en esta pandemia».