La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha remitido hoy sus alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Aguas del Gobierno de Castilla-La Mancha, actualmente en periodo de exposición pública, por ser “contrario a Derecho e invadir competencias estatales”.
Las alegaciones de la Conselleria, consensuadas, coincidentes y compartidas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), reclaman la supresión de las disposiciones adicionales primera y segunda de la nueva legislación en trámite. Estos apartados del articulado exceden las competencias de la administración autonómica, además de incluir exigencias que conducirían a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Concretamente, la disposición adicional segunda somete el acuerdo y ejecución de las cantidades hídricas transferidas por el comité técnico de explotación, a un informe preceptivo no vinculante pero obligatorio por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
Este pronunciamiento entra en conflicto competencial con lo recogido en el artículo 149 de la Constitución sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una Comunidad Autónoma, así como con el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La nueva exigencia, además, ralentiza los tiempos al establecer un plazo de 15 días -posterior al dictamen de la transferencia proyectada por la comisión técnica- para elaborar el citado informe.
La consellera Mireia Mollà ha señalado que la nueva ley que plantea el Gobierno de Castilla-La Mancha “es un intento más de manipular las reglas de explotación” y ha expresado su “total oposición a cualquier propósito que altere y comprometa el agua en el sur de la Comunidad Valenciana”.
La primera disposición adicional también puede considerarse como una “apropiación de competencias estatales” dado que permite a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la gestión y control de los caudales de la cabecera del Tajo, de cuyos niveles depende la transferencia hídrica, modificando así lo establecido en el Memorándum Tajo-Segura.
El anteproyecto señala entre sus objetivos “garantizar la intervención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las decisiones sobre transferencias y trasvases de agua que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma”, una declaración de intenciones que fundamenta las alegaciones presentadas y compartidas por la Conselleria y los regantes.
