El bipartito de Alicante decidió ayer volver a la casilla de salida en la licitación del contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales, que presta UTE Limpal (Clece -del grupo ACS- y Fissa) fuera de contrato desde el pasado mes de marzo. La decisión coincide en el tiempo con un informe del interventor municipal, en el que volvía a afear los retrasos endémicos en la contratación en el Ayuntamiento de Alicante. Desde Intervención, por otro lado, mantienen paralizados los pagos a la UTE desde hace medio año, al dudar de la ejecución del servicio durante los meses de confinamiento, en los que pese a no haber actividad docente se mantuvo en vigor la limpieza de colegios en Alicante. La deuda del Ayuntamiento con la UTE supera los 3,5 millones de euros, lo que pone en peligro -según ha comunicado la adjudicataria a los trabajadores- el pago de la nómina de este mes de septiembre. El comité, en ese contexto, ha exigido reunirse «urgentemente» con el alcalde, Luis Barcala.

Pese a que el proceso de licitación se inició a mediados de agosto, con la publicación del pliego de condiciones y la apertura de los plazos para la presentación de ofertas (que concluía el 28 de septiembre), el PP optó ayer por reiniciar el proceso tras la presentación de tres recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Entre ellos, uno de los socialistas, con quienes ayer contactó el PP para intentar llegar a un «pacto» y amortiguar así la crítica política. Ambos grupos enviaron un comunicado conjunto en el que se hablaba de una reunión de los concejales José Ramón González y Manuel Villar (PP) con el portavoz socialista, Francesc Sanguino, «para buscar puntos de entendimiento sobre el concurso para adjudicar la contrata de limpieza de centros escolares y dependencias municipales». En la práctica, fue un movimiento del PP para evitar reproches de la oposición ante su decisión de reiniciar el proceso administrativo. Desde el bipartito se aseguró que «fruto de esta reunión», se llegó a un «acuerdo de comenzar de inmediato la negociación de un nuevo pliego en el que se puedan incorporar las propuestas del PSOE para mejorar el servicio». El recurso de los socialistas se basaba, sobre todo, en la ausencia de división por lotes en un contrato valorado en unos cuarenta millones de euros para los próximos cuatro años. Desde el gobierno de Barcala también anticiparon la decisión a Compromís antes de hacerla pública.

Desde la oposición municipal especulan que la decisión del PP de reiniciar la licitación pueda responder a un intento de adelantarse al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que tenía registrados tres recursos, uno del PSOE y otros, según fuentes de la oposición, de dos empresas del sector de los servicios.

Un contrato «maldito»

Retrotraer la licitación al punto de salida es la última traba de un servicio «maldito» en los últimos años en la ciudad de Alicante. De hecho, el tripartito de izquierdas, a finales de 2016, también paralizó el anterior proceso de licitación, en este caso para intentar incluir cláusulas sociales, entre críticas de la entonces oposición (PP y Cs) por retrasar la adjudicación. En aquella época, una empresa de Enrique Ortiz estuvo hasta veinte meses prestando el servicio fuera de contrato, hasta que a principios de 2017 decidió renunciar, obligando al gobierno de Gabriel Echávarri a realizar una adjudicación de emergencia a FCC. Ahora, UTE Limpal ya acumula seis meses fuera de contrato, aunque todo apunta a que el procedimiento se alargue al menos medio año más.