Los contagios se disparan de nuevo en las residencias de mayores de la provincia. La Conselleria de Sanidad Universal contabiliza tres fallecidos y 62 nuevos positivos en coronavirus en dos días, de ellos 45 entre residentes y 17 entre trabajadores. Según los datos ofrecidos ayer por Sanidad, las residencias con casos activos son 17 y dos de ellas se encuentran bajo vigilancia de control sanitario. Desde que comenzó la pandemia hasta ayer, la provincia registra 159 fallecidos, y 756 residentes y 348 trabajadores contagiados. El pasado martes eran 156 fallecidos, y 711 residentes y 331 trabajadores que habían dado positivo. Este incremento de casos es el segundo más importante desde el que se produjo el 9 de septiembre en Pilar de la Horadada con 59 trabajadores y 10 residentes infectados.
Precisamente como medida para evitar la propagación del virus, la Generalitat obliga a dejar en los geriátricos una reserva de un 10% de plazas sin ocupar para que los centros de mayores puedan aislar a los residentes afectados en caso de que se produzca un aumento de los contagios de coronavirus. Esta medida se enmarca dentro de un protocolo que se acordó en mayo con la patronal y el sector de las residencias, publicado en agosto en el Diario Oficial de la Generalitat, y que tiene como fin «preservar la salud de las personas residentes y evitar una propagación en caso de brote», según explicaron ayer desde la Conselleria de Igualdad, con la que el sector abordó estos protocolos de actuación, «muy parecidos a los que ya se publicaron en junio, que contemplaban la reserva del 10% de las plazas».
Sin embargo, pese a participar en aquellas reuniones, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), considera que la Generalitat está incumpliendo su propia normativa, dictada por la Conselleria de Igualdad, en la aplicación de los planes de contingencia.
La patronal de los centros de mayores interpreta que el acuerdo consistía en que estos recintos tengan capacidad para aislar a un 10% de residentes en caso de brote o sospecha, es decir, persona a la espera del resultado de las pruebas, en habitaciones con baño propio. «La sorpresa es que cuando fallece, por covid o cualquier otra causa, una persona en plaza pública (o en las plazas concertadas en centros privados), se notifica a la Conselleria y en lugar de enviar a una persona dependiente en lista de espera no la envían si el centro no tiene ese 10% de plazas libres», apuntaron desde Aerte. Su presidente, José María Toro, considera que esta medida «está provocando un problema de desatención a muchas personas que precisan este recurso».
En este sentido, la entidad asegura que incluso durante la primera parte de la pandemia seguían recibiendo llamadas de familias que necesitaban el servicio y que si los centros pueden seguir trabajando sin reducir plazas se evitaría un problema entre los ingresos y los gastos, que «se han disparado», pese a lo cual no han pedido subvenciones ni ayudas.
Esta exigencia, insiste la patronal de las residencias de mayores, amenaza la viabilidad económica de los centros ya dañada por el incremento en los gastos de personal, seguridad y limpieza a causa de la pandemia. Para este sector, perder un 10% de las plazas supone tener menos ingresos, «lo que está empezando a afectar a la sostenibilidad de los centros». Por este motivo, han presentado tres escritos en contra de la medida de momento sin ninguna respuesta.
Toro apuntó que la primera intención de la Conselleria fue que se dejaran plazas vacantes, «pero al final se cambió la redacción para que tengamos capacidad de aislar» a los residentes afectados. Recordó que durante la primera oleada de la pandemia realizaron aislamiento de personas en espacios no utilizados y que el resultado fue bueno.
Desde la Conselleria de Igualdad indicaron que los protocolos de actuación son muy claros y que se calculan sobre el total de plazas autorizadas, no sobre las ocupadas, con lo cual los que tienen vacantes suficientes no necesitan dejar esa reserva del 10%. «Es de suponer que quienes dirigen los centros privados de atención residencial a mayores también querrán garantizar la salud de quienes han confiado en ellos para vivir en estos centros», concluyeron.
PROHIBIDO DAR COMIDA Y REALIZAR PASEOS CON LOS MAYORES DE LA RESIDENCIA DE PETRER
La dirección del centro aumenta las restricciones a los familiares para evitar tener que suspender las visitas si se registran contagios
La dirección del centro de mayores La Molineta de Petrer ha informado a las familias del centenar de usuarios sobre la prohibición de llevarles comida y pasearlos por las instalaciones. El objetivo es evitar la entrada del coronavirus en el geriátrico, tal y como ocurrió en la primera oleada de la pandemia, para garantizar la máxima protección de los ancianos y evitar nuevos fallecimientos. Además, en el supuesto de que se registre un solo caso, la Conselleria de Sanidad decretará la fase 0 para la residencia, lo que supondrá la suspensión obligatoria de las visitas de los familiares a los residentes durante varias semanas.
Según se ha explicado desde la dirección de La Molineta, dar de comer a los mayores implicaría quitarles los elementos de protección y acompañarlos a pasear impediría respetar la distancia mínima de seguridad. De ahí la prohibición de realizar ambas actividades. Otra de las medidas de prevención adoptadas esta semana impone la obligación de que los mayores lleven siempre mascarilla y pantalla protectora durante el tiempo que duren las visitas, así como la necesidad de suprimir cualquier contacto físico o un acercamiento a una distancia inferior a metro y medio.
Desde el centro se pide la máxima colaboración de las familias porque, hasta el día de ayer, no se había registrado ningún positivo de covid-19 entre los residentes y los trabajadores. El geriátrico está limpio de virus pero en las dos últimas semanas el número de contagios ha crecido de forma exponencial en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. Una circunstancia a la que hay que añadir que los principales vectores de entrada del coronavirus a las residencias de mayores son, precisamente, los empleados y los familiares. Por eso se ha decidido aumentar unas restricciones que se mantendrán hasta que la situación permita suavizarlas.
Cabe recordar que en los momentos más duros de la pandemia, entre marzo y mayo, el número de contagiados en este centro superó la decena y al menos tres residentes fallecieron tras contagiarse de coronavirus.
