La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, anunció ayer que la Generalitat destinarán 10,9 millones de euros en ayudas a residencias que atienden a personas mayores, con diversidad funcional, con problemas de salud mental o personas en situación de exclusión para compensarles de «los enormes esfuerzos» que han realizado por la covid-19.

Oltra, en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el pleno del Consell, destacó al respecto que llevan «muchos meses actuando de manera conjunta» contra la pandemia. Por eso, subrayó que «hay razones de interés público y social para atender y apoyar económicamente» a las empresas y entidades que han hecho «enormes esfuerzos» en la contratación de personal de manera «extraordinaria, acondicionamiento de centros para mejorar la calidad del servicio y en limpieza y desinfección»·

En concreto, el decreto en el que están trabajando prevé destinar a las residencias de mayores 9 millones, a diversidad Funcional 747.167,19 euros, a salud Mental: 697.785,45 euros, a exclusión 104.131,06 euros y a las residencias mixtas, aquellas que combinan mayores con otras tipologías, 272.673,08 euros.

En ese sentido, Oltra destacó que desde la Generalitat «estamos trabajando en la prevención y contención de los contagios, pero también estamos atendiendo las necesidades económicas de las empresas y los trabajadores».

Así, recalcó que durante estos meses de pandemia «hemos estado y seguimos atendiendo a un sector tan importante como es el de los servicios sociales» con protocolos de actuación, la compra y reparto de material de protección como guantes, mascarillas, trajes EPI y gel. Además, la vicepresidenta recordó que ya se destinaron 11 millones para los ayuntamientos para emergencia social, y en la primera ola de la pandemia se siguieron abonando las plazas de los centros de día, a pesar de que estaba cerrados, para mantener el empleo.

Lliria

Por otra parte, Mónica Oltra replicó a DomusVi, a la que ha sancionado con 174.000 euros por las irregularidades en el que centro de Lliria (Valencia), la multa más alta que se ha impuesto a una residencia, que lo que la Administración tiene en cuenta son los informes de inspección y a partir de ahí cada empresa es «libre» de realizar las manifestaciones que considere.

La vicepresidenta replicó a la empresa, que ayer salió en defensa de sus trabajadores y el cumplimiento de las ratios de personas y calidad que marcan las normativas autonómicas, así como aseguró que los residentes en sus centros asistenciales y sus familias son su «razón de ser».

Por contra, la vicepresidente evidenció que las imágenes «ciertamente impactantes, indignantes y rechazables» del trato a los residentes de Lliria están ahí, pero además señaló que su centro de Alcoy también está bajo investigación porque allí murieron más de la mitad de residentes en la primera oleada.

En ese sentido, recordó que ya se reunió con la empresa para analizar por qué la ratio de fallecidos del centro de Alcoy, que el exconseller popular Rafael Blasco dio en concesión a esta empresa por 45 años a cambio de que realizara unas reparaciones en este edificio público, era muy superior a la media. «Es un edificio regalado para que haga su negocio y encima no lo hace bien», recriminó.

Oltra recalcó que además de Lliria y Alcoy «luego surgió San Vicente del Raspeig» y que «intervendremos en todas las denuncias».