El panorama que presenta el acceso a la vivienda es cada vez más desolador para la sociedad: escasa oferta pública y un aluvión de solicitudes para obtener una casa propiedad de la administración que parece no tener fin. Solo en la provincia, en 2019, ya existía una demanda potencial de 10.256 solicitudes para hacerse con un inmueble propiedad de la Generalitat.
Según los datos reflejados en el informe «Áreas con necesidad de vivienda en la Comunidad Valenciana», elaborado por el Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, Alicante contaba el año pasado con 6.547 demandantes para una vivienda pública, mientras que otras 3.709 solicitudes se encontraban en lista de espera -a falta de una baremación previa-. La gestión de esta lista de solicitantes es competencia de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha). Esto supone que la provincia ya superaba el año pasado las 10.000 peticiones para obtener una casa propiedad de la Generalitat. Estas cifras exponen un escenario demoledor debido a que la oferta está bajo mínimos.
La lista de espera de la Evha aumentó entre 2018 y 2019 en una 600 personas en la provincia de Alicante. Los datos en la Comunidad Valenciana, solo del año pasado, ofrecen un registro de demandantes de 15.231 y una lista de espera de 9.583 solicitudes. Una demanda potencial de 25.000 peticiones en total.
La Conselleria de Vivienda, conocedora de la situación, ya ha confirmado que presentará mañana la segunda convocatoria del concurso para ampliar el parque público de viviendas.
En esta edición, se ha dotado del doble de inversión y se ha mejorado el pliego de condiciones para obtener activos después del fiasco que supuso la primera convocatoria de 2019, durante la cual, la Generalitat tan solo adquirió nueve viviendas en la provincia: dos en Santa Pola y una en Callosa de Segura, Altea, Alcoy, Elche, Monforte del Cid, Monóvar y Cocentaina. Nueve inmuebles para una demanda potencial de más de 10.000 solicitudes. La previsión de gasto era de 51 millones en 2018 cuando surgió esta iniciativa «pionera» , pero solo se llegaron a emplear 3,2 millones de euros.
Ahora, para esta segunda convocatoria, la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, confirma que se ha «mejorado el pliego de condiciones con nuevos requisitos» y que se ha «doblado la inversión de 3 a 6 millones de euros». La previsión con la que trabaja la Generalitat es la de superar las cifras de la primera experiencia de 41 activos adquiridos en la Comunidad Valenciana -nueve en la provincia-. «Hemos trabajado para dotar a la Administración de las herramientas necesarias para ampliar el parque autonómico de viviendas, ya sea a través de este concurso, expedientes de compra directa y también con la aplicación del derecho de tanteo. Todo con el objetivo de afrontar el problema de emergencia habitacional que sufre la sociedad», explica la directora general.
Azcárraga explica que el parque público de la Generalitat dispone de unas 14.000 viviendas aproximadamente -la mayoría adjudicadas-, una cifra «totalmente insuficiente» para la demanda que hay. Por ello la Conselleria de Vivienda está buscando soluciones para aumentar la bolsa autonómica de inmuebles. Considera que la primera experiencia de este concurso «fue buena» pero también reconoce que no fue suficiente, por lo que espera que esta segunda convocatoria ofrezca mejores datos. Mejoras
Para intentar obtener mejores resultados, la Conselleria de Vivienda ha modificado las condiciones respecto a la primera convocatoria. Ahora las viviendas no requerirán estar en «perfecto estado» y podrán ser adecuadas. También se aceptarán otro tipo de inmuebles como viviendas unifamiliares y casas de pueblos, y no solo pisos como en el anterior concurso. Eso sí, como requisito indispensable la Generalitat exigirá que el inmueble no tenga más de 50 años. Además, podrán adquirir casas con cargas hipotecarias siempre que exista un compromiso previo sobre las mismas si se incorporan a las valoraciones. Por último, se dará de baja los suministros de luz, agua y gas para que no supongan ningún problema.
De forma paralela a la presentación del concurso, la directora general asegura que la Generalitat está trabajando en la confección de un «mapeo» para conocer la situación de los distintos parques municipales, es decir, de la cantidad de viviendas públicas de que dispone cada Ayuntamiento en sus localidad. «Estamos trabajando para conseguir los datos por municipios, uno a uno, para así saber cual es la realidad de cada localidad. Algunos sí disponen de las cifras pero otros no», explica Azcárraga.
Precisamente, el informe al que ha tenido acceso este periódico ofrece también los datos de la demanda de algunas localidades de la provincia de Alicante, tanto del registro de demandantes como de la lista de espera. Vivienda insiste en que los datos del registro de demandantes pueden disminuir una vez se estudien las solicitudes una por una, ya que «muchos luego no cumplen los requisitos».
En la provincia de Alicante, el municipio que presenta una mayor lista de espera -no se disponen de datos de todos las localidades- es Alicante, con 1.446, seguida de Elche con 840 solicitudes. Otros municipios como Aspe, Almoradí, Monóvar, Novelda o Santa Pola ofrecen cifras por debajo de las 100. Villena y Elda apenas superan las 100 y Alcoy y Torrevieja las 300. Xixona, en la comarca de l'Alacantí, tiene el dato más bajo con 7 peticiones en lista de espera.
La segunda convocatoria del concurso de ampliación del parque autonómico de viviendas ha sido aplaudida por los sindicatos. UGT avala el trabajo del Consell pero reconoce que las cifras muestran una realidad muy complicada y difícil para la sociedad respecto al acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.
El colapso que se ha generado en torno a la oferta y la demanda de inmuebles públicos pone el foco en el futuro social y económico de toda la población. Insisten en que la precariedad laboral también influye directamente.
«La okupación no es un problema pero sí un tema delicado»
Azcárraga considera que existe un problema respecto a la okupación ilegal de viviendas. «No existen datos al respecto, pensamos que es un tema delicado pero que también se ha generado mucha alarma. No consideramos que sea un problema, sí lo es el acceso a la vivienda», declara la directora general. Asimismo, añade que habría que estudiar cada caso en particular, pero insiste en que el verdadero problema es la emergencia habitacional que hay.
