La Guardia Civil ha alertado del riesgo de ocupación ilegal de viviendas en la provincia de Alicante por la proliferación de segundas residencias. El coronel de la Benemérita, José Hernández Mosquera, planteó la problemática especial en la provincia durante la última comisión de coordinación de la policía judicial, donde jueces, fiscales y representantes de las Fuerzas de Seguridad estudian aquellos puntos candentes en la lucha contra la delincuencia. En esa reunión se aprobó un protocolo para agilizar los desalojos de viviendas ocupadas, precisamente el mismo día en que desde la Fiscalía General del Estado se lanzó una instrucción a todos los representantes del Ministerio Público instándoles a agilizar esos procedimientos y a pedir de los juzgados el desalojo preventivo de «okupas», ante la gran alarma social que estaba generando este tipo de delitos.
El coronel de la Guardia Civil presentó al resto de los miembros de la comisión un estudio por el que se analizaba esta problemática, comparando la evolución de estos delitos durante los seis primeros meses de este año y el anterior. Las cifras recogen que durante este periodo y a pesar del confinamiento que supuso la aplicación del estado de alarma por la pandemia del coronavirus estos delitos no sólo se han mantenido, sino que han experimentado un aumento ligero. De las 213 ocupaciones ilegales que contabilizó la Benemérita durante el primer semestre de 2019, este año se han producido un total de 219 casos.
Estadísticas
En el total de 2019, las Fuerzas de Seguridad registraron un total de 450 casos de ocupaciones ilegales de viviendas en toda la provincia. Por su parte, la Fiscalía intervino en un total de 258 casos de usurpación de viviendas y en otros 44 de allanamiento de moradas. Éste segundo delito es el que mayor alarma social ha causado, porque se comete cuando el inmueble violentado es la morada de la víctima. La instrucción de la Fiscalía y también los miembros de la comisión lo consideran así, tanto para los casos de vivienda habitual o segunda residencia. La usurpación se comete en el caso de inmuebles vacíos. Las medidas que se van aplicar prevén los desalojos inmediatos tanto si se trata de la morada de su propietario como si no lo es.
Para la Benemérita, la proliferación en los municipios costeros de casas vacías durante el invierno, que son la segunda residencia de turistas que pasan sus vacaciones en la provincia, la convierte en un punto especialmente vulnerable para que estos pisos puedan ser ocupadas ilegalmente. En dicha comisión se expuso que las zonas más conflictivas están en el sur de la provincia, especialmente la Vega Baja y el municipio de Torrevieja. El presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, aseguró a este diario que la cifra de estos delitos no es muy elevada, pero que se trata de hechos que generan una gran alarma social, motivo por el que se habían comprometido a impulsar soluciones. El acuerdo ha sido remitido a todos los jueces decanos de la provincia.
Durante los meses del confinamiento, la Policía Nacional detuvo en Orihuela a cinco miembros de una banda que se dedicaban a meterse en pisos para extorsionar a sus vecinos si querían recuperarlos. Los perjudicados llegaron a pagar 6.000 euros para liberar sus viviendas. En los casos en los que no daban con los propietarios, eran los vecinos los que eran presionados a pagar, amenazando con hacer la convivencia irrespirable en el inmueble. Las Fuerzas de Seguridad han detectado la existencia de bandas organizadas dedicadas a identificar pisos para poder ocuparlos. En algunos casos se llegan a elaborar contratos de alquiler ficticios con el propósito de dilatar la acción de la Justicia a la hora de expulsarles de la vivienda.
«Hay una diferencia entre las casas que están vacías, algunas veces en estado casi ruinoso, y los pisos en los que sus propietarios residen de manera habitual y les echan la puerta abajo para ocuparla», explican a este diario fuentes de la Fiscalía. El papel de los fiscales en los nuevos desalojos exprés va a ser determinante, ya que es a través de ellos como se van a canalizar las peticiones ante el juzgado para que la medida se acuerde. Su labor no se va a limitar a acusar cuando llegue el día del juicio. Deberán pedir expresamente el desalojo preventivo y, en el caso de que el juez lo deniegue, presentar el correspondiente recurso.
El allanamiento, un delito para el jurado popular
Evitar la intervención de los tribunales populares puede ser un escollo para que estas acusaciones puedan prosperar
El delito de allanamiento de morada en los juzgados de España es competencia de un jurado. En el Palacio de Justicia de Benalúa, jueces y fiscales han mostrado sus recelos por el hecho de que estas ocupaciones vayan a ser enjuiciadas por tribunales populares. Sobre todo porque llevan años reclamando que este delito puedan ser enjuiciado por jueces profesionales, por el gasto que supone para la Administración de Justicia celebrar estos procesos. Algunos fiscales trataban de esquivar la intervención del jurado popular acusando por otros delitos que se hayan podido cometer en el asalto, por ejemplo los daños perpetrados en la puerta al tratar de violentarla para entrar dentro del piso. Otras fuentes explicaron que «lo urgente es acordar el desalojo. Una vez restituida la vivienda a su propietario, se podrían estudiar otras vías para llevar al banquillo a los okupas».
Una de ellas sería el volver a acusarles de un delito de usurpación, que está castigado con penas de multa. La mayoría de los casos enjuiciados por ocupaciones de vivienda en la provincia de Alicante corresponden a inmuebles vacíos, en muchas ocasiones propiedad de bancos. Estos juicios corresponden a los propios juzgados de Instrucción que deberán acordar los desalojos.
