Más vale tarde... Los soportes con las conversaciones que la Policía grabó durante tres años al empresario Enrique Ortiz y a su mujer en el marco de la investigación del caso Brugal, el mayor proceso por corrupción instruido en la provincia, no llegaron hasta ayer al tribunal que está juzgando los presuntos amaños de PGOU de Alicante, una de las piezas que se desgajaron de la principal.
El material se recibió pocas horas antes del interrogatorio del promotor, que está previsto que comience esta mañana. Una declaración a la que seguirán las del resto de acusados en este proceso, entre los que se encuentran los dos exalcalde del PP Luis Díaz Alperi, que podría acogerse a su derecho a no testificar o hacerlo solo a su abogado, y Sonia Castedo, que se estaría pensando a quién hacerlo. A los exregidores se les imputa haber facilitado al empresario datos reservados del planeamiento a cambio de regalos, como viajes o un coche.
La respuesta
La sala acordó en julio reclamar las grabaciones a la sección penal de la Audiencia en Elche, donde el juzgado de Orihuela que instruyó el caso las fue enviando. Y lo hizo en respuesta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, aunque lo que en realidad solicitaron los acusadores públicos fue un nuevo volcado de los pinchazos directamente desde el sistema Sitel (Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones) que la grabó, y no las copias ya existentes, con el objetivo de despejar dudas sobre su autenticidad.
Fue la reacción de los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero a la aceptación por parte del tribunal de un informe pericial presentado en la fase de cuestiones previas por varias defensas, entre ellas la de Ortiz, que cuestiona la validez de las intervenciones como prueba.
El estudio analiza los trece DVD que contienen las intervenciones telefónicas (diez con 49.148 conversaciones de Ortiz y tres con 19.964 de su mujer) y concluye que debido a los «graves defectos» detectados «no hay garantía de autenticidad e integridad» de las mismas.
Una vez utilizado en este juicio, el material tiene que ser devuelto a Elche para la vista del plan zonal de la Vega Baja en el que Ortiz también se sentará en el banquillo junto al expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, entre otros.
Los interrogatorios de los acusados en el caso del PGOU comienzan hoy y se prolongarán a la largo de la semana, pero arrancan sin que el tribunal haya dado respuesta al recurso de súplica presentado por la acusación pública para que se repitieran las transcripciones de las declaraciones por los defectos que presentan las que les han entregado. La idea del tribunal, con todo, es que se recurra a las grabaciones de los testimonios cuando sea imposible utilizar el papel.
