«Aquí parece que al señor Ortiz se le ha concedido ser el rey de la ciudad, pero se le denegaron el ochenta por ciento de las alegaciones que presentó al Plan General». Así se defendió ayer la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo en la segunda jornada del juicio por los presuntos amaños en el planeamiento urbanístico de la ciudad durante un interrogatorio que se prolongó más de dos horas con un receso de por medio. Castedo negó haber facilitado al promotor Enrique Ortiz información privilegiada del PGOU y rechazó haber aceptado dádivas a cambio.

Al contrario que su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, Castedo respondió a las preguntas de la Fiscalía, aunque no a las del resto de acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y Esquerra Unida. «A las acusaciones políticas no voy a contestar», aseveró. Antes de que comenzara el interrogatorio también avisó de que no iba a decir nada sobre el contenido de los pinchazos telefónicos, frente a lo que hizo en su día cuando declaró por estos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). «No conocía el contenido de las escuchas y en aquellos días yo era alcaldesa y tenía la obligación moral de dar explicaciones a la ciudadanía. Ahora no lo soy», dijo. No obstante precisó que declararía lo que le preguntaran sobre el fondo de los hechos. «Llevo once años esperando hacerlo», aseveró. Aún así, cuando el fiscal le cuestionó sobre alguna de las conversaciones, acabó respondiendo.

El interrogatorio arrancó con preguntas sobre el tipo de relación que tenía con Ortiz, vínculos que la exalcaldesa definió como «cordiales» y que se fueron incrementando cuando ella entró en política, aunque especificó que «mi marido ya trabajaba y trabaja para él».

Después de que el fiscal Felipe Briones le preguntara por los motivos por los que la ex regidora no se abstuvo en las dos ocasiones en las que el pleno aprobó provisionalmente el PGOU pese a su amistad con el promotor, contestó que «porque mi voto no era decisivo. ¿Por qué tenía que abstenerme? Estamos hablando de la denegación y desestimación de lo que pedía Ortiz. Desde que soy alcaldesa no le concedí nada ilegal. Es más, tampoco nada legal», aseveró. Pero la exregidora se fue encendiendo y siguió. «Una cosa es lo que parece y otra cosa es la realidad. Esa verdad que todos buscamos está ahí. Desde el año 2010», dijo. Castedo subrayó que «la documentación habla» pero que «el juez instructor no pidió el PGOU hasta el 2012».

El APA-9 y el Rico Pérez

Para defender su actuación desde el Ayuntamiento, la exprimera edil recordó que el plan que se había presentado por el promotor para la zona del Rico Pérez, con el que se pretendía financiar las obras de remodelación del campo del Hércules, fue desestimado por los técnicos. «Y ahí está el estadio. Exactamente igual que en 1987, para desgracia de esta ciudad», apostilló. Sobre otra de las zonas bajo sospecha, el APA-9, subrayó que ese plan fue aprobado en los 90. La exprimera edil explicó que dicha actuación se está ejecutando y desarrollando después de que hace dos años le dieran el «pistoletazo de salida» el PSOE y Esquerra Unida en el Ayuntamiento. «Lo que para mi es corrupción, si lo ejecutan ellos es crear puestos de trabajo», se lamentó.

Castedo fue preguntada sobre una conversación en la que dijo a Ortiz «te hemos apañado lo del APA9 y lo del Rico Pérez». En este punto aclaró que «apañar no es amañar» y que para ella apañar significaba «dar solución a un problema. Jamás he usado la palabra amañar». Según dijo, el problema del APA-9 era que un vial lo atravesaba y eso iba a obligar a que el Ayuntamiento tuviera que pagar indemnizaciones millonarias. Y en cuanto al Rico Pérez, sostuvo que había un conflicto con la propiedad de unos terrenos en la zona del aparcamiento y que consiguió aclararlo.

En su declaración, negó haber aceptado la petición de Ortiz para que le «pintaran de azul» tres parcelas en La Cerámica. «Le contesté que eso lo tenía que hacer el señor Jesús Quesada (el redactor del plan) y luego esas alegaciones fueron rechazadas» respondió.

Castedo admitió haber entregado un plano a Enrique Ortiz pero alegó que no era del PGOU, ni ningún tipo de información reservada. «Era de la plataforma logística. Ortiz había presentado alegaciones ante la Conselleria y quería saber si se las habían aceptado. El plano que tenía yo en el Ayuntamiento, era el mismo que el suyo», explicó.

Reuniones con Quesada

La exalcaldesa justificó las reuniones que mantuvo Ortiz con el redactor del PGOU porque el empresario era «agente público urbanizador» y estos encuentros estaban permitidos por ley. Para la exalcaldesa no era anómalo que algunas se celebraran por la tarde. «Yo lo hacía cuatro de cada cinco días a la semana» y, respondiendo al abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, Castedo explicó que «la aprobación del PGOE está sometida a plazos y, si se incumplen, hay que empezar todo desde el principio». A preguntas de su defensa, Ignacio Gally, la exprimera edil negó haber ejercido influencia alguna en Quesada para beneficiar a Ortiz. «Si lo hubiera hecho, él también estaría sentado aquí», añadió.

En cuanto a las supuestas dádivas, Castedo sostuvo que las vacaciones que pasó en Andorra con su familia y la del empresario en las navidades de 2008 y 2009 las pagó en efectivo. Sobre la ausencia de movimientos bancarios que justificaran el abono en la investigación que hizo la Policía, aseveró que «ese mismo informe es el que dice que todo en mi patrimonio estaba correcto. ¿No podía tener el dinero en casa en un bote? ¿Es ilegal». Y señaló que ya aportó las facturas a su nombre a esta causa. La exregidora admitió haber aceptado la invitación de Ortiz para viajar en su yate a Ibiza en el verano de 2009, unas vacaciones que enmarcó en su vida privada, para a continuación añadir que «si hubiera sabido que es delito, no habría ido». Pero insistió en que durante su estancia en la isla, de todas las cenas y comidas fuera del barco «yo pagué mi parte». Castedo desmintó que el empresario quisiera ganarse su favor regalando un coche a una allegada suya. «Su marido se negó y quiso pagarlo», puntualizó. La exregidora admitió haber pedido ayuda a Ortiz «y a otros empresarios» para buscar trabajo a personas que lo necesitaban «pero nunca fue a cambio de algo», solicitudes que se tramitaron por la Agencia Local de Desarrollo, concretó después a preguntas de Ruiz Marco.

Calendario

La ronda de interrogatorios de los nueve acusados finalizará hoy con el de los socios del bufete Salvetti, José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa y Javier Gutiérrez.