«He llamado a pacientes con covid para ver cómo se encontraban y los he llegado a pillar en el supermercado, en la playa o directamente en un bar». Es el mantra que repiten desde hace unos meses enfermeros y médicos de Atención Primaria: muchos enfermos de coronavirus se saltan la cuarentena.

Un grave incumplimiento y un riesgo para la salud pública que sin embargo está quedando impune. Y es que la Generalitat no ha puesto por el momento ninguna sanción en la provincia de Alicante por salir a la calle a sabiendas de que se está enfermo. Así lo han confirmado esta semana desde la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencia, que es el órgano competente para imponer en última instancia las sanciones en esta materia. Fuentes de este departamento, integrado en la Conselleria de Justicia, inciden en la dificultad para probar este tipo de infracciones. «No es algo tan sencillo de demostrar como no llevar la mascarilla. El procedimiento debe cumplir con todas las garantías de seguridad jurídica y eso es complicado, a no ser que se trate de algo muy flagrante». Fue el caso de la mujer detenida en San Sebastián tras saltarse la cuarentena pese a estar enferma de coronavirus para ir a practicar surf. Compañeros de la joven llamaron a la policía tras verla en el agua y varios agentes acudieron a la playa, equipados con EPI, y la arrestaron.

La dificultad para demostrar la ruptura del aislamiento se repite, señalan las mismas fuentes de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencia, para perseguir las reuniones multitudinarias dentro de los domicilios, al tratarse de un espacio privado.

A finales del pasado mes de julio la Generalitat aprobó un decreto ley con el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las medidas de prevención del covid. En este decreto se recoge como falta grave que las personas que han dado positivo al covid se salten la cuarentena, infracción que puede acarrear una sanción que oscila entre 600 y 30.000 euros. En el caso de que la ruptura de la cuarentena conlleve daños graves para la salud pública se considera una infracción muy grave, sancionado con multas de entre 30.000 y 60.000 euros. El decreto también establece como falta leve, que acarrea sanciones de 60 a 600 euros, la ruptura de las cuarentenas por parte de personas que hayan dado negativo al covid pero que sean contactos estrechos de un enfermo.

La policía es la encargada de abrir los expedientes sancionadores, que después son remitidos a la Generalitat Valenciana, que es la que finalmente confirma la sanción. Desde que se publicó el decreto ley no se ha resuelto en la provincia ninguna sanción de este tipo, aunque desde la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencia advierten de que los expedientes de la policía llegan con cierto decalaje. «El decreto es más disuasorio que sancionador y somos conscientes de que hay situaciones difíciles de controlar», señalan las mismas fuentes. El 90% de las sanciones que se han impuesto por incumplir las medidas contra el covid son por no llevar mascarilla, considerado una falta leve multado con entre 60 y 600 euros.

Frustración

Para los profesionales que trabajan en los centros de salud tratando de contener la pandemia resulta muy frustrante encontrarse casos de pacientes que se saltan el aislamiento. «Llamas y de repente oyes mucho ruido de fondo. Cuando le preguntas y te dice que no está en su casa no sabes ni qué decirle de la rabia que te da», señalaba días atrás un enfermero de un centro de salud de la ciudad de Alicante. En estos casos, el protocolo marca que se deben comunicar el caso a Salud Pública para que inicie las gestiones para abrir el expediente sancionador.

Recientemente, el director de Salud Pública de Alicante manifestó también la dificultad de perseguir este tipo de infracciones, tras señalar que se había detectado el caso de una familia que había llevado a su hijo al colegio con una PCR positiva y no se le había sancionado. Ante estas declaraciones, el Sindicato Médico ha remitido escritos a la dirección de Salud Pública de Alicante y a las direcciones de los hospitales General de Alicante y de Sant Joan en los que pide información sobre el número de casos de sospecha de incumplimientos comunicados por los rastreadores que trabajan en Atención Primaria, así como el número de expedientes informativos iniciados por las Dirección de Salud Pública de Alicante.