Los dos socios del bufete Salvetti negaron ayer en el juicio por los presuntos amaños del Plan General de Alicante haber trabajado para el promotor Enrique Ortiz. Ni en asesoramiento urbanístico para la adquisición de suelo en la sierra de Fontcalent, ni en Agua Amarga, ni en haberle presentado alegaciones al futuro planeamiento urbanístico, ni mucho menos haber recibido de él la suma de 90.000 euros. Los letrados urbanistas Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa de Alicante, rechazaron que en su despacho se cobraran comisiones para lograr recalificaciones en el futuro planeamiento urbano. A ambos se les acusa de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho.
Gutiérrez explicó que desde su bufete se presentaron 19 de las cerca de 3.800 alegaciones del PGOU, de las cuales se estimaron cinco y, de ellas, tres eran para subsanar errores materiales. Por dichos trabajos cobraron entre 9.000 y 12.000 euros de los 900.000 que ingresaron ese año. «Según el relato del fiscal, parece que José Luis y yo éramos dos chicos que pasábamos por allí y montamos un chiringuito. Éramos profesionales de prestigio. Ahora llevo diez años sin trabajar a causa de esto», se lamentó. De su compañero de despacho aseguró que es «uno de los mejores abogados urbanistas. Su único problema es su apellido» (por Castedo).
Contrato con Quesada
El letrado aseguró que el supuesto contrato de colaboración con el estudio de arquitectura del redactor del PGOU Jesús Quesada, encontrado por la Policía en el registro de los ordenadores de su despacho, era «un borrador que nunca llegó a firmarse». Según explicó, sus trabajos en la comisión redactora del PGOU fueron en calidad de asesor externo, participando en reuniones donde se trataron únicamente temas generales y que nunca se resolvieron alegaciones en ellas. «No había incompatibilidad alguna porque no se entraba en el fondo», aseguró.
