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El Síndic abre un expediente por la desatención a los enfermos mentales en la provincia

Investiga de oficio la parálisis crónica que sufren el centro Doctor Esquerdo de Sant Joan y el CEEM de Alcoy. Pide explicaciones a la Generalitat, a la Diputación y al Consistorio alcoyano

Vista del CEEM de Alcoy.

Vista del CEEM de Alcoy.

El Síndic de Greuges ha abierto una investigación para verificar si los pacientes con problemas de salud mental, uno de los colectivos más vulnerables de la sanidad pública, están recibiendo la atención que necesitan. La gravedad de la parálisis crónica de centros especializados como el Doctor Esquerdo de Sant Joan o el CEEM de Alcoy, denunciadas en este periódico durante las últimas dos semanas, han llevado al defensor del pueblo autonómico a abrir, de oficio, un expediente.

La institución que preside Ángel Luna ha solicitado por escrito información al respecto de estos dos centros, sin autorización de la Generalitat para prestar servicio desde hace siete años el primero, y diez, el segundo. En concreto, el órgano independiente ha registrado cuatro solicitudes con demanda de datos oficiales a las consellerias de Sanidad e Igualdad, a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Alcoy. El Síndic abre esta queja de oficio porque teme que la falta de entendimiento entre las administraciones públicas perjudique gravemente a buena parte de los pacientes con enfermedades mentales de la provincia de Alicante.

El órgano defensor ya presentó en las Cortes Valencianas en 2016 un informe especial bajo el epígrafe Atención Residencial a Personas con Problemas de Salud Mental en la Comunidad. En él ya ponía el foco en la incompresible realidad del nuevo centro Doctor Esquerdo, costeado íntegramente por la Diputación Provincial e inaugurado en 2013, pero en desuso desde entonces, y por el CEEM de Alcoy, de gestión municipal que lleva 10 años atascado en un carrusel de trabas burocráticas.

El primero, con capacidad para más de 100 pacientes entre residentes y servicio de atención de día, necesita la homologación de la Conselleria de Sanidad, y el segundo, que puede atender a 40 ingresados residentes y a 20 en régimen de centro de día, precisa de la licitación de la cartera de la que es titular Mónica Oltra, la de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El Síndic quiere saber si la falta de entendimiento razonable entre las tres administraciones –autonómica, provincial y municipal– perpetuada desde hace una década, está o no justificada. El organismo que encabeza Ángel Luna tiene dudas a este respecto porque los datos recogidos en el informe especial expuesto en Les Corts en 2016, incluye opiniones médicas y técnicas que avalan la apertura al público de ambos centros por cumplir con todos los requerimientos legales y por ser fundamentales para mejorar la calidad de vida de los enfermos con problemas de salud mental.

De hecho, la Conselleria de Sanidad no tuvo reparos, el pasado marzo, en abrir el centro de Sant Joan para trasladar pacientes con dolencias psíquicas para liberar camas en otros hospitales debido a la alta tasa de contagios de covid-19 durante la primera ola de propagación del coronavirus.

Las administraciones incluidas en el expediente del Síndic ya han sido notificadas formalmente de la apertura de unas diligencias que están en la primera fase, la de recopilación de datos. Los interpelados en la queja de oficio del Síndic de Greuges disponen de 15 días para responder a todas las preguntas que les formula por escrito, y bajo registro, el órgano defensor de los habitantes de la Comunidad y con las que trata de averiguar si la atención residencial a personas con problema de salud mental crónica en la provincia de Alicante es la correcta o si, como teme, se debe mejorar.

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