La provincia de Alicante registró un 44 por ciento menos de demandas de separación y divorcio durante el segundo trimestre de 2020 (abril-junio), lo que coincidió con una buena parte del periodo de confinamiento decretado por el Gobierno, según los datos que ayer hizo públicos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, como única explicación para esta insólita caída solo cita: «La desescalada escalonada (sic) en la Administración de Justicia». Lo que da a entender que la medida -criticada por los colegios de abogados y de procuradores- ha retrasado hasta este verano la presentación de demandas en los juzgados. Aunque la normalidad se produjo prácticamente junio, mes cuyo registro sí se incluye en la estadística.

«La necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia en la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestres sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior (...) es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales», justifica el órgano de los jueces lo que podría no ser un desfase.

Separaciones y divorcios en Alicante en el año del coronavirus

Ahora bien, habrá que esperar a lo que dicen los datos del tercer trimestre del año del covid para saber si el dato hay que cogerlo con alfileres o, realmente, la pandemia ha venido a unir y no a separar porque, además, septiembre es un mes que concentra muchas demandas de crisis de pareja que han estallado, precisamente, durante las vacaciones de ambos cónyuges.

Pero, siendo un trimestre muy bueno para la provincia de Alicante porque la caída de demandas supera con creces la de las otras dos provincias valencianas: Castellón (con un 38% menos) y Valencia (un 36%); el dato positivo sigue sin colocar a la Comunidad Valenciana nacional por encima de la media en descenso de demandas, pues esta se sitúa en el 40% y la nuestra en un 37%. La valenciana sigue siendo una de las tres comunidades del país con más tasa de rupturas matrimoniales: cinco por cada mil vecinos, solo por detrás de Canarias (5,3) y de Murcia (5,2).

Perspectiva

En este año tan atípico, y coincidiendo con el mes de septiembre, los juzgados de la provincia han visto incrementarse el número de demandas pero nadie es capaz de predecir si se recuperarán las cifras del segundo trimestre de 2019 cuando se registraron en la provincia de Alicante 1.269 demandas y divorcios; es decir, 569 más que este año.

«El dato se tendrá que ver con perspectiva -explica un magistrado- pero, por lo que nos comentan los abogados, el confinamiento no sólo ha servido para separar, sino también para unir, al menos por ahora o por un tiempo prudencial. También es cierto que algunos que decidieron continuar cuando pudieron salir de sus casas, se dieron cuenta que todo era un espejismo cuando pasaron el verano juntos y ahora, en septiembre, han llegado más decididos a la firma, nos cuentan».

El Poder Judicial es perfectamente conocedor de que la parálisis judicial ha afectado y mucho a la sociedad porque hay decisiones que se tienen que adoptar con rapidez, caso de modificación de medidas y no se han hecho con la rapidez debida o bien problemas con la guarda y custodia de los hijos. Un abogado explica que, de esta situación, muchos padres han sacado algo bueno pues han optado por llegar a acuerdos, «algo que hubiera sido impensable para el caso de que un juez hubiera mediado porque para ellos es más aceptable asumir una resolución judicial que le puede perjudicar que un acuerdo con su ex que le puede ser más beneficios. Pero en la pandemia entendieron el problema y que solo ellos podían darle solución por el bien del menor y en un tiempo prudencial. Por una vez fue la prioridad el niño o los niños», explica el especialista en Derecho de Familia.

Acuerdos y desacuerdos

Otro dato curioso es que algo cerca de dos tercios de los divorcios en la provincias (las separaciones se han quedado como algo ya muy residual tras las modificaciones legislativas que agilizaron la tramitación de las rupturas matrimoniales) se firmaron de mutuo acuerdo y no fueron contenciosos; es decir, no necesitaron la mediación judicial para tomar decisiones. Durante la pandemia este porcentaje se ha mantenido invariable, aunque la provincia es más litigante que el resto del país.