El incremento de las fiestas en viviendas particulares detectado por la Policía Local de Alicante al dispararse las llamadas de queja de los vecinos durante los fines de semana preocupa a las autoridades locales como nuevo foco de transmisión del covid-19. El Ayuntamiento redoblará la presión policial contra este tipo de reuniones con multas de hasta 3.000 euros y perseguirá también a los jóvenes que se reúnen en parques y paseos para consumir alcohol, no tanto por el botellón como porque son encuentros en los que no se hace uso de la mascarilla ni hay distancia social entre las personas.

El concejal de Seguridad, José Ramón González (PP), relacionó ayer las fiestas al alza en domicilios particulares con el cierre de los pubs y en general del ocio nocturno como medida para frenar la propagación de la infección por SARS-CoV-2, y admitió la preocupación al respecto de las autoridades locales, sobre todo después de que en la reunión mantenida ayer con el equipo directivo del Hospital de Sant Joan para analizar la evolución de la pandemia, los profesionales médicos alertaran del aumento de jóvenes que ingresan con la infección respiratoria.

El Consell aconseja un máximo de diez personas por grupo en reuniones familiares o sociales, también en espacios privados (como las viviendas), y la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable, según las normas aprobadas por la Conselleria de Sanidad publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat.

El Ayuntamiento de Alicante se suma a estas recomendaciones e insta a no celebrar fiestas en domicilios porque «se están detectando brotes en gente cada vez más joven que prescinde de la mascarilla». El edil dijo que el problema no es el número de jóvenes concentrados, sino que «aunque sean cinco no respetan las medidas. Todos vemos a grupos reunidos sin mascarillas ni distancia. Tienen hermanos, padres, abuelos, un círculo que les rodea, y hay un importante porcentaje de positivos asintomáticos. Son un vector de transmisión del coronavirus de acuerdo a los test que se han hecho en muchas ciudades a nivel mundial».

González explicó ayer que se tramitarán todas las sanciones que instruyan los agentes por fiestas en viviendas, que pueden ser de hasta 3.000 euros, en principio en aplicación de la ordenanza contra el ruido (artículo 21) pero con la preocupación de fondo de la transmisión del covid. «Es importante que lo sepan porque el responsable de una fiesta en una propiedad privada puede ser el propietario de la misma. Cuando la Policía acude a un domicilio, lo primero que pregunta es quién es el dueño o el responsable de la propiedad, en el caso de que sea un piso o chalé alquilado. Vamos a seguir trabajando en esto puesto que hemos notado que la incidencia (de este tipo de reuniones) es importante. Es una cuestión que hace un tiempo no teníamos pero ahora sí, derivada del cierre de los pubs porque la gente quiere seguir su diversión».

Es decir, que la responsabilidad por estas fiestas en viviendas privadas recaerá sobre los propietarios en el caso de alquileres con reuniones masivas de personas. Este verano, los chalés de alquiler pasaron a ser la opción preferida de los jóvenes para celebrar fiestas, con un aumento de la demanda en la provincia de grupos de amigos que buscaban fincas para reunirse y hacer botellones. De hecho, varios propietarios de Elche retiraron las fincas del mercado tras presenciar conductas peligrosas.

Para evitarlo, algunos propietarios incluso imponen normas a sus inquilinos, con limitación del tiempo para las reuniones de familias o amigos, no permitiendo su prolongación durante la noche y cortándolas a las 23 horas. También registran el nombre de todas las personas que se citan en la finca para saber quién hace uso de ella, y contactar con ellos en caso de que se den contagios; y hay propietarios que se reservan el derecho de visitar por sorpresa el chalé para inspeccionarlo y comprobar que no entran más personas de las pactadas y que todo está en orden.

Otro foco de preocupación para los responsables municipales son los parques y paseos, donde se reúnen jóvenes sin respetar las medidas sanitarias, trasladados desde las playas, donde se daban cita este verano. La presión policial fue enorme en julio y agosto en calas y playas contra el botellón como foco de contagio y ahora los jóvenes se han trasladado a otros espacios en las ciudades.