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Cuatro ofertas para desbloquear el traslado de la Torre Placia

El proceso de contratación de la dirección facultativa se tuvo que reiniciar ante la falta de licitadoras presentadas

Las grandes olvidadas de la huerta

Cuatro empresas se han presentado al servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la ejecución de las obras de traslado de la Torre Placia, según se trató ayer en la Mesa de Contratación de Alicante. Esta licitación se tuvo que reiniciar a principios de verano ante la falta de ofertas presentadas. Y es que, aunque en ambos casos han sido cuatro las empresas que optaron al servicio, en el primer intento eran necesarias al menos cinco propuestas diferentes, según explicó el concejal de Contratación, Manuel Villar. Así, en este caso, todo apunta a que con cuatro empresas será suficiente para que la Mesa de Contratación proponga a una de ellas para que se haga cargo del servicio clave para que pueda arrancar el cambio de ubicación de la torre de la huerta.

El pasado mes de junio, el traslado del BIC se expuso a un nuevo retraso. La Junta de Gobierno local se vio obligada a declarar desierto el servicio de contratación de la dirección facultativa y coordinación de seguridad de las obras de traslado y restauración de la Torre Placia al no haberse alcanzado el número mínimo de proposiciones exigidas. No se presentaron las cinco necesarias. Ese contratiempo supuso un traspié en el traslado de la torre que se prolongará durante seis meses una vez que empiece el desmontaje del recinto fortificado cuya construcción original data del siglo XVI.

El desmontaje de las piezas está sujeto al resultado de los sondeos arqueológicos. La torre se reconstruirá a 500 metros de su emplazamiento original. Una obra de ingeniería que nunca se había hecho en Alicante, que costará casi millón y medio de euros, y que se ejecuta después de que el Ayuntamiento decidiera comprarla para evitar la demolición de las viviendas colindantes al monumento, once bungalows construidos a menos de 25 metros con permiso municipal, y que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) obligaba a demoler si no se trasladaba el BIC.

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