Cantallops vincula su cese a su negativa a dejar Rabasa fuera del Plan General

Cantallops aseguró que en junio de 2004, seis meses antes de que concluyera su trabajo, recibió una carta del entonces responsable de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, pidiendo que dejara fuera del planeamiento Rabasa y Pino Ruaya, dos sectores en los que Ortiz tiene intereses. «Incluí los parámetros que yo consideraba en todos los sectores», explicó. Hasta ese momento, no había tenido conflicto alguna con la corporación municipal. De Alperi manifestó que «nuestra relación era muy compleja. Me dijo que mi previsión no se correspondía con la realidad y que no había entendido la importancia del turismo en esta ciudad», declaró. Cantallops mantuvo que no estaba de acuerdo con la densidad de viviendas prevista para Rabasa, aunque en el interrogatorio salieron otras zonas donde Ortiz tenía intereses. En esta línea, fue preguntado por la zona del Rico Pérez, donde su planeamiento tenía la calificación de zona deportiva; y los saladares de Agua Amarga «donde se pretendía urbanizar, pero yo lo desaconsejaba por ser zona inundable», explicó.

Confidencialidad

Cantallops manifestó que durante los trabajos de revisión del Plan General no se reunió con urbanizadores y que su contrato tenía una clausula de confidencialidad. Según precisó solo encuentros para «darles a conocer un primer diagnóstico de la situación urbanística» y en las que se exponían criterios generales, nunca situaciones particulares. Sus reuniones se ciñeron a los técnicos municipales, que «fueron fluidas y excelentes, pero eran ellos quienes nos trasladaban las decisiones políticas». La declaración de Cantallops contrasta con lo manifestado el lunes en el juicio por el arquitecto Jesús Quesada, que le sucedió en los trabajos, y que dijo que ese tipo de encuentros «eran habituales y necesarios». Al término de su declaración, el fiscal Felipe Briones le expresó su agradecimiento diciendo que «me resulta usted tiernamente maravilloso».

Tras este interrogatorio, la jornada se centró en las circunstancias en las que se produjo la venta de los bungalows en una zona residencial de la Playa de San Juan de los tres hijos de Díaz Alperi. Ayer declaró personal de Orvi, la empresa creada por Ortiz y el promotor Aurelio González Villarejo y que llevó a cabo la promoción, para negar que se trataran de operaciones simuladas para ocultar que el primero era quién estaba tras los pagos de las casas, tal y como sostienen las acusaciones. Las viviendas estaban a nombre de Villarejo y a su vez fueron vendidas a otra mercantil afin a éste, Jacobriz. El socio único de esta empresa dijo que acudió a firmar porque se lo ordenó Villarejo, para quien trabajaba, sin recibir cantidad alguna por estas operaciones. Villarejo está fuera de la causa desde que le fue diagnosticada una grave enfermedad.

Pacto de caballeros

Vicente Pérez Cañas, socio de Villlarejo, explicó que «hubo un pacto de caballeros» para repartirse entre Ortiz y Villarejo los bienes de la sociedad, que incluía tanto viviendas en esa promoción como parcelas en Torres del Huerta. Cuando estalló la crisis, Villarejo trató de vender su patrimonio inmobiliario para tener liquidez. «Las hijas de Alperi ejecutaron su contrato de alquiler con opción a compra, al tercero lo tuvimos que echar porque no pagaba», declaró.

Dos de las viviendas fueron vendidas en septiembre de 2008 y diciembre de 2010 a Elisa Díaz y Edna Díaz respectivamente. La primera por 179.000 euros y la segunda por 220.000 euros. Una tercera fue adquirida por Jacobriz sin que figure que cambiara de manos. El hijo de Alperi, Otto Díaz, residía en ese bungalow en la misma urbanización junto a su entonces mujer en régimen de alquiler.