La Generalitat ha tramitado ya más de 16.000 expedientes de sanción por incumplimiento de las medidas contra la propagación de la covid-19 en toda la Comunidad, casi la mitad en la provincia de Alicante.
La mayoría de las actas se han levantado por el uso indebido de la mascarilla, según explicó la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) en el Palau de la Generalitat. Junto al president del Consell, Ximo Puig, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y la delegada del Gobierno, Gloria Calero han analizado la situación de la pandemia de coronavirus y en concreto la tramitación de los 16.263 expedientes sancionadores por incumplimiento de las medidas contra la propagación de la covid-19.
De ellas 7.164 corresponden a actas de la provincia de Alicante, 6.261 a Valencia y 2.838 a Castellón. Desde la entrada en vigor del decreto sobre las sanciones se han recibido «más de 20.000 propuestas de sanción», abunda la consellera de Justicia, para quien la aplicación de este régimen sancionador está teniendo un «efecto disuasorio».
Rastreadores
También han participado en la reunión responsables del Ejército, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, y se ha tratado la labor de los rastreadores del Ejército de Tierra que, según explica su máximo responsable, realizan una media de 800 llamadas diarias.
A su vez el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad se ha ofrecido a la consellera de Sanidad para que el colectivo integre los equipos de rastreo de contactos de positivos del covid-19. Afirman que tanto por su formación sanitaria como por su distribución territorial, los más de 6.000 fisioterapeutas de la Comunidad pueden suponer una fuerza «muy importante» contra la pandemia.
